La mañana de este lunes comenzó la audiencia de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputa delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado, en una causa que involucra a otros tres excolaboradores.
Según la investigación, los hechos habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $100 millones, en el marco del uso irregular de asignaciones parlamentarias.
De acuerdo con la minuta de la Fiscalía, la indagatoria abarca conductas ocurridas entre 2015 y 2026, incluyendo la rendición de facturas ideológicamente falsas, la adulteración de documentos tributarios y el financiamiento de actividades políticas con recursos públicos destinados exclusivamente a la función parlamentaria.
Recordemos que, de acuerdo con la minuta de la Fiscalía, la indagatoria abarca conductas ocurridas entre 2015 y 2026, incluyendo la rendición de facturas ideológicamente falsas, la adulteración de documentos tributarios y el financiamiento de actividades políticas con recursos públicos destinados exclusivamente a la función parlamentaria.
Sigue acá la audiencia:
Extradición de exasesor marca formalización de exdiputado Lavín
Uno de los puntos que marcó el inicio de la audiencia fue la situación del exasesor Felipe Andrés Vázquez Diéguez, quien no se presentó al tribunal al encontrarse actualmente en España.
Frente a esto, la Fiscalía solicitó una orden de detención para iniciar su proceso de extradición y poder juzgarlo en territorio nacional.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Metropolitana Oriente, dando inicio a las gestiones para requerir su traslado desde Europa.
Facturas falsas y rendiciones irregulares
Uno de los ejes de la investigación apunta a la utilización de facturas falsas para justificar gastos operacionales ante el Congreso. Según el Ministerio Público, el exdiputado, en conjunto con sus asesores, habría gestionado la emisión de documentos con glosas como “cuenta pública” para aparentar servicios vinculados a su labor legislativa, cuando en realidad correspondían a gastos de campañas políticas o de carácter personal.
En ese contexto, se detalla que al menos 14 facturas ideológicamente falsas, junto a otras cinco adulteradas y una anulada, fueron utilizadas para obtener reembolsos improcedentes por más de $12 millones.
La Fiscalía sostiene que incluso se modificaron fechas de documentos para que estos pudieran ser aceptados dentro de los plazos de rendición, evitando observaciones administrativas. Además, se habrían incorporado respaldos falsos en el sistema del Congreso para simular la existencia de los servicios.
Otro de los puntos centrales es el presunto uso de recursos públicos para financiar actividades electorales, lo que está expresamente prohibido. Según la investigación, Lavín León habría utilizado asignaciones parlamentarias para pagar deudas de campañas políticas, incluyendo servicios de imprenta asociados a propaganda electoral.
En algunos casos, las facturas originalmente emitidas por servicios de campaña no habrían sido completamente pagadas, por lo que —según la Fiscalía— se generaron nuevas facturas falsas que luego fueron rendidas al Congreso para cubrir dichas deudas con fondos fiscales.
Plataforma para manejo de datos electorales
La minuta también describe el desarrollo de una plataforma digital denominada “SocialTazk”, impulsada junto al exasesor Felipe Andrés Vázquez Diéguez. Según el Ministerio Público, esta herramienta fue diseñada para gestionar bases de datos de electores y enviar mensajería masiva con fines políticos.
El proyecto habría sido financiado con recursos del Congreso, tanto mediante honorarios pagados al asesor como a través de la rendición de facturas de su empresa, lo que —según la Fiscalía— permitió obtener más de $90 millones en pagos por servicios que no estaban vinculados a la función parlamentaria.
Además, se acusa que funcionarios contratados con fondos públicos habrían destinado su jornada laboral a tareas relacionadas con campañas, como validación de datos electorales y contacto telefónico con votantes.
La investigación también incluye eventuales actos de tráfico de influencias en la Municipalidad de Maipú, donde —según la Fiscalía— el exdiputado habría intervenido para influir en contrataciones, desvinculaciones de funcionarios y acceso a bases de datos de electores, aprovechando vínculos personales y políticos.
En esta arista, también se indaga la eventual obtención de beneficios políticos y económicos a partir de decisiones adoptadas dentro del municipio.
Defensa y querellantes chocan por cautelares por formalización de Lavín León
Desde la defensa, el abogado Cristóbal Bonacic calificó la causa como “una investigación sesgada” y sostuvo que aún faltan diligencias relevantes.
“Nadie puede indicar que el señor Lavín no ha colaborado y por lo tanto que se justifica una medida cautelar que implique un arresto”, afirmó.
“Se viene a vulnerar el derecho de libertad ambulatoria de una persona que está cubierta por la presunción de inocencia”, alegó el jurista.
En contraste, el abogado querellante del municipio, José Pedro Silva, confirmó que solicitarán prisión preventiva:
“Nosotros efectivamente vamos a pedir las medidas cautelares más intensas que contempla nuestro ordenamiento jurídico”, aseguró.
La audiencia continúa en desarrollo, a la espera de que el tribunal resuelva las medidas cautelares en una causa que reúne múltiples aristas de presunta corrupción en el uso de fondos públicos.
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