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Cada cierto tiempo, el debate penitenciario en Chile vuelve a concentrarse en una sola cifra: cuántas plazas faltan para reducir el hacinamiento. Poco se pregunta, en cambio, si todas las plazas contabilizadas cumplen estándares mínimos de seguridad y habitabilidad. El déficit de infraestructura es estructural y corregirlo resulta indispensable para mejorar las condiciones de reclusión, fortalecer el control interno y proteger al personal penitenciario. Pero, por sí sola, esa discusión ya no alcanza para describir el desafío que enfrenta el Estado.
La urgencia no consiste únicamente en construir más cárceles. El país necesita desarrollar un sistema penitenciario capaz de responder a la evolución del crimen organizado e impedir que la privación de libertad se transforme en una plataforma desde la cual proyectar poder hacia el exterior.
Durante décadas, el desempeño penitenciario se evaluó mediante indicadores tradicionales: ausencia de fugas, reducción de muertes violentas, mantenimiento del orden y seguridad de los funcionarios. Esos objetivos siguen siendo esenciales, pero hoy son insuficientes. Las organizaciones criminales han demostrado que pueden conservar estructuras de mando, transmitir instrucciones, administrar recursos ilícitos y ordenar delitos aun cuando sus líderes están encarcelados. En esos casos, la prisión deja de ser el lugar donde termina el poder criminal y pasa a ser uno de los espacios desde los cuales se consolida.
La pregunta estratégica, entonces, no es solo si un recinto es seguro desde la perspectiva de la custodia. También es necesario preguntarse si el Estado posee la capacidad jurídica, tecnológica, operativa y de inteligencia para interrumpir en su interior las cadenas de mando criminal.
Este cambio de paradigma obliga a pensar la infraestructura penitenciaria con criterios cualitativos, y no exclusivamente cuantitativos. No basta con conocer el número de plazas disponibles; también es necesario clasificar a la población penal según su perfil criminológico, capacidad de liderazgo, redes de apoyo, recursos económicos y riesgo de coordinación externa. Administrar a un infractor de baja complejidad no equivale a custodiar a una persona capaz de ordenar homicidios, coordinar extorsiones, dirigir redes de narcotráfico o disputar el control territorial desde prisión.
Por ello, un plan nacional de infraestructura no puede reducirse a sumar cupos. Si no incorpora una estrategia de neutralización criminal, el país corre el riesgo de multiplicar establecimientos sin evitar que algunos de ellos se conviertan en centros de coordinación delictiva.
La experiencia italiana ofrece una referencia útil, aunque no puede trasladarse de manera mecánica. El régimen especial previsto en el artículo 41-bis del ordenamiento penitenciario italiano fue concebido para impedir que integrantes de organizaciones mafiosas mantuvieran vínculos operativos con sus estructuras externas. Su principio rector es claro: la pena privativa de libertad no cumple su función de seguridad si el liderazgo criminal conserva la capacidad de impartir órdenes. Cualquier adaptación al contexto chileno, por cierto, debe someterse al Estado de derecho, al control judicial y a los estándares de derechos humanos.
Desde esa perspectiva, habilitar módulos de alta seguridad dentro de cárceles tradicionales puede ser necesario, pero no será suficiente. Una barrera física más robusta no garantiza por sí sola el aislamiento operativo: las instrucciones pueden circular mediante terceros, visitas, corrupción, dispositivos clandestinos, comunicaciones codificadas o redes familiares. El problema no es solamente arquitectónico; también es de gobernanza, contrainteligencia y control de las comunicaciones.
Chile debiera avanzar hacia una capacidad penitenciaria especializada para líderes y operadores de organizaciones criminales de alta complejidad, necesariamente separada de los recintos comunes. Ello supone segmentación rigurosa, inteligencia penitenciaria, inhibición tecnológica efectiva y legalmente regulada, control reforzado de visitas y encomiendas, trazabilidad financiera, monitoreo permanente e investigación penal oportuna. También exige una coordinación institucional estable entre Gendarmería, las policías, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero y los demás organismos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado de Chile.
Los hechos ocurridos en América Latina durante los últimos años muestran la magnitud del riesgo. En Paraguay, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, en mayo de 2022, evidenció la capacidad logística y transnacional de las redes criminales para alcanzar a un persecutor penal fuera de su país. Pecci había encabezado en 2020 un allanamiento a la cárcel de Tacumbú que permitió descubrir un laboratorio de drogas, además de incautar armas y dinero. En junio de 2022 también fue asesinado Óscar González Olmedo, exdirector de ese penal, bajo cuya administración se realizó el procedimiento. En México, el ataque al Centro de Reinserción Social N.º 3 de Ciudad Juárez, el 1 de enero de 2023, dejó diez custodios y varios internos muertos y facilitó la fuga de decenas de reclusos, entre ellos un jefe criminal. No fue una mera falla de infraestructura, sino una pérdida efectiva de soberanía estatal sobre el recinto.
Ecuador entregó otra señal crítica en 2023: seis ciudadanos colombianos procesados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio fueron asesinados bajo custodia penitenciaria. En Chile, la emboscada que costó la vida a tres carabineros en Cañete, el 27 de abril de 2024, mostró la violencia extrema que pueden desplegar estructuras armadas contra agentes del Estado. Más recientemente, en Cali, el dragoneante del INPEC Alexander Mejía Cuéllar fue asesinado el 24 de julio de 2026 frente a su domicilio, en un ataque en el que también resultó herida su pareja. Mientras la investigación determina el móvil y las responsabilidades, el caso vuelve a exponer la vulnerabilidad del personal penitenciario fuera de los muros.
Estos episodios no son idénticos ni permiten atribuirles automáticamente una misma autoría o motivación. Sí comparten una advertencia institucional: las organizaciones de alta complejidad combinan recursos financieros, movilidad transnacional, corrupción, inteligencia criminal y violencia ejemplificadora para intimidar a funcionarios, testigos y comunidades. Enfrentarlas exige análisis riguroso, no generalizaciones; pero también anticipación, porque subestimar su capacidad tiene costos humanos irreversibles.
La política penitenciaria tampoco puede terminar cuando una persona recupera la libertad. La gestión del egreso es una pieza de la seguridad pública y debe basarse en instrumentos técnicos de valoración de riesgos de reincidencia. Quienes presentan un riesgo bajo requieren programas de reinserción laboral y social coordinados entre Gendarmería, los municipios, los servicios públicos y el sector privado. Convertir la reinserción en una política efectiva de prevención reduce la reincidencia y permite concentrar los recursos de control en los casos de mayor peligrosidad.
Quienes mantienen un riesgo elevado, en cambio, demandan planes de intervención, supervisión y contingencia compatibles con la ley y sujetos a control institucional. El objetivo no es extender informalmente la pena, sino mejorar la detección temprana, la investigación y la respuesta frente a una eventual rearticulación criminal.
La advertencia del fiscal Héctor Barros sobre el atractivo económico que Chile representa para el crimen organizado debe entenderse como un llamado a anticipar escenarios. Cuando estas estructuras consolidan capital, redes y control territorial, la pregunta deja de ser cuántas cárceles se construirán. La cuestión decisiva es si el sistema está preparado para neutralizar, de manera efectiva y sostenida, el poder que intentarán ejercer incluso tras las rejas.
En definitiva, la infraestructura penitenciaria forma parte de la arquitectura de seguridad del Estado. Debe reducir el hacinamiento y garantizar condiciones dignas, pero también impedir la gobernanza criminal dentro de los recintos, proteger a quienes trabajan en ellos y gestionar el egreso según niveles objetivos de riesgo. Esas finalidades no compiten entre sí: un sistema que pierde el control interno tampoco puede asegurar derechos, reinserción ni seguridad pública.
Chile no puede confiar en que su geografía lo mantendrá al margen de la expansión regional del narcotráfico, la corrupción y la violencia organizada. Mientras una jefatura criminal pueda transmitir una orden desde una celda, financiar su ejecución y sembrar temor en las calles, la condena será formal, pero la incapacitación habrá fracasado.
Por eso, el verdadero indicador de éxito no será el número de plazas inauguradas, sino la cantidad de carreras delictivas que el Estado logre interrumpir. Recuperar el control efectivo de las cárceles no es un asunto confinado a sus muros: es una condición para proteger la libertad de quienes viven fuera de ellos. Si el Estado no gobierna plenamente sus prisiones, el crimen organizado seguirá utilizándolas para gobernar territorios, disciplinar comunidades y decidir quién puede vivir sin miedo. Esa es la urgencia que Chile ya no puede postergar.
