Un considerable aumento en el precio de las gasolinas y el diésel a nivel nacional confirmó el Ministerio de Hacienda, con incrementos que fluctúan entre los $370 y $580 por litro, generando inmediatas reacciones en el mundo político. Desde el oficialismo, parlamentarios apuntaron sus críticas a la administración del expresidente Gabriel Boric, responsabilizándola por la situación fiscal que —aseguran— estaría detrás de la medida.
El diputado de Renovación Nacional, Francisco Orrego, calificó el escenario como “grave”, afirmando que el actual gobierno recibió un país “sin plata”. En esa línea, acusó que la administración anterior “se gastó todos los ahorros de los chilenos”, mencionando retiros por miles de millones de dólares desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FES) y recursos de Corfo.
“Tenemos dos opciones: mentirles a los chilenos y ocultar información, o decir la verdad y transparentar las difíciles medidas que se están adoptando”, sostuvo, agregando que es urgente implementar medidas de mitigación para enfrentar el impacto del alza.
En la misma línea, el diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, señaló que el incremento en los combustibles representa “un tremendo golpe al bolsillo de las familias”, vinculando directamente la situación a decisiones adoptadas durante el gobierno anterior.
“Hoy más que nunca se hace necesario hablarle con la verdad a la ciudadanía. Creemos que reducir el IVA a los combustibles cuando superen ciertos niveles es una medida urgente y necesaria”, planteó, apuntando a aliviar a la clase media y a quienes dependen de sus vehículos para trabajar.
Por su parte, el diputado del Partido Social Cristiano “(PSC), Roberto Arroyo, calificó el anuncio como “una de las noticias más críticas de los últimos años en democracia”, advirtiendo que el alza impactará en el costo de la vida.
“Sabemos que la administración anterior dejó una situación fiscal compleja, y hoy el actual gobierno debe hacerse cargo con responsabilidad”, afirmó, llamando a avanzar con rapidez en medidas concretas que entreguen “tranquilidad a la ciudadanía”.
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