¿SLEP o no SLEP?: el dilema para rescatar la educación pública que hoy enfrenta su peor crisis

La noche del 10 de enero de 2026, una limusina Hummer blanca se estacionó frente al Casino de Copiapó. Adentro, funcionarios del Servicio Local de Educación Pública de Atacama descendían por una alfombra roja mientras cámaras 360° capturaban cada momento. La fiesta incluía producción de alto nivel, banquetería, barra de alcohol y regalos. Era la celebración del quinto aniversario del SLEP más cuestionado del país.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, mostraban una realidad difícil de digerir: el mismo servicio que arrastra los peores resultados en la PAES por cuarto año consecutivo, que ha perdido 4.800 matrículas desde 2022 y que ha visto pasar siete directores en cinco años, celebraba como si todo estuviera perfecto.

“Nos resultó muy chocante observar esas imágenes de una celebración a todo lujo, cuando los colegios, los establecimientos y sus comunidades escolares han tenido tantos problemas”, declaró Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. “No son cinco años para celebrar, porque el SLEP Atacama ha sido un ejemplo de mal funcionamiento, de actos corruptos y de una gestión deplorable”, agregó al calificar la fiesta como “desubicada”.

El académico Juan Pablo Catalán, de la Facultad de Educación de la UNAB, fue más allá en una columna publicada en BioBioChile: “Cuando un servicio local decide celebrar con lujos mientras aún existen escuelas con infraestructura precaria, equipos docentes sobrecargados y estudiantes que no logran aprendizajes básicos, el problema no es solo presupuestario: es pedagógico y moral”.

Su conclusión fue lapidaria: “Cuando la educación pública se sube a una limusina, no avanza: se desvía”.

Pero la polémica de Atacama es solo la punta del iceberg de una crisis que podría terminar con los SLEP tal como los conocemos. Porque más allá del escándalo puntual, lo que está en juego es el futuro de una reforma educativa que prometía rescatar la educación pública chilena y que hoy enfrenta críticas desde todos los sectores.

La promesa que dividió a Chile

Cuando Michelle Bachelet firmó la Ley 21.040 el 16 de noviembre de 2017, el diagnóstico era unánime: los municipios no daban más. La educación pública había caído del 78% de la matrícula en 1980 al 36% en 2017. Los Servicios Locales de Educación Pública nacían para revertir décadas de deterioro, reemplazando gradualmente las 346 administraciones municipales por 70 servicios territoriales especializados. El Senado la aprobó por unanimidad.

Chile se había transformado, según señala el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile, en un país donde la educación pública avanzaba hacia una situación de progresiva extinción. Datos oficiales muestran que la matrícula pública cayó desde cerca de 1,9 millones de estudiantes en 2004 a alrededor de 1,34 millones en 2022, lo que significó una reducción superior al 30% en menos de dos décadas, junto con una disminución de su participación en el sistema desde aproximadamente 51% a cerca de 37% del total nacional. Esta tendencia refleja una caída estructural de la educación pública frente al crecimiento de otros sostenedores y constituye un antecedente clave para comprender la crisis previa a la reforma.

La idea parecía sensata. Como explica Mauricio Pino, investigador del CIAE y académico del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, “los municipios tenían muchas dificultades a nivel de sistema educativo; en general eran muy pocos los que lograban el resultado que uno esperaba de ellos y dependían mucho de quién estaba liderando ese municipio para los resultados que este podría tener”, señaló en entrevista con BioBioChile.

“Era necesario instalar un sistema de educación pública que tuviera por rol único la educación y no un conjunto de servicios. Eso era bastante evidente”, agregó Pino. “Quiero ser cuidadoso con lo que estoy diciendo. Esto no significa que los municipios en sí mismos sean un problema; más bien la dificultad está en que la administración del sistema educativo sea exclusivamente municipal porque eso genera una tremenda heterogeneidad a nivel nacional”.

Los primeros cuatro SLEP partieron en 2018. Luego se fueron sumando más progresivamente. A enero de 2026, operan 36 de los 70 proyectados, atendiendo a más de 640.000 estudiantes con casi 119.000 funcionarios. El gobierno de Boric pasó de 11 a 36 servicios operativos y proyecta llegar a 38 al término de su mandato.

Pero la implementación ha sido todo menos fluida. Y hoy, a pocas semanas del cambio de gobierno, el futuro de esta reforma pende de un hilo.

Atacama, el símbolo de todo lo que puede salir mal

El SLEP de Atacama se ha convertido en el ejemplo que usan los críticos para ilustrar los problemas endémicos del sistema. Desde su entrada en vigencia en 2020, siete personas han dirigido el servicio: Carlos Pérez, Cristián González, Pedro Lagos, Luis Adasme, Cecilia Brito, Ximena Sanhueza y Daslav Mihovilovic, este último destituido tras el escándalo de la fiesta.

El historial es tan extenso como vergonzoso. En 2023, la Fiscalía de Copiapó abrió una investigación por posibles delitos económicos tras detectarse graves irregularidades. Ese mismo año, un paro de 83 días dejó a más de 30.000 estudiantes sin clases, con profesores denunciando no tener las condiciones mínimas para impartir clases, incluyendo plagas de ratones en salas, problemas de alcantarillado y establecimientos con baños clausurados o en pésimo estado.

Además, la Contraloría Regional de Atacama detectó que 17 jardines infantiles no contaban con reconocimiento oficial de la Seremi de Educación, y que al menos 20 establecimientos tenían cursos sin reconocimiento oficial, desde el nivel de transición hasta enseñanza media, sumado a 15 especialidades técnico-profesionales que tampoco estaban acreditadas.

Tras la renuncia de Mihovilovic asumió otra vez como suplente Ximena Sanhueza, quien ya se había desempeñado como directora en 2024, pero en un giro insólito pidió licencia médica de inmediato tras conocerse la contratación de sus hijas con dineros de subvenciones escolares, recursos que no pueden utilizarse para remuneraciones. Agregando el insulto a la felonía, su primer director, Carlos Pérez Estay, siguió recibiendo su sueldo durante 20 meses, pese a estar suspendido.

En cuanto a resultados académicos, los estudiantes de segundo medio de Atacama promediaron 245 puntos en la prueba de Matemática del SIMCE 2023, mientras la media nacional fue de 257. La región bajó de 32.000 a 27.000 alumnos matriculados en apenas cuatro años. Una reducción del 15%.

El gobierno defiende la situación de Atacama como anómala y que está siendo abordada con inversiones históricas. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas, el Mineduc y el Gobierno Regional tienen comprometidos cerca de $97.000 millones para infraestructura educativa en la región, pero los críticos responden que los recursos no sirven de nada sin gestión eficiente.

El catálogo de problemas: la visión de los alcaldes

Si le preguntas a los alcaldes, los SLEP son un fracaso. El 6 de enero de 2026, tras conocerse los resultados de la PAES, Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, lanzó una de las críticas más duras: “El Estado está inyectando casi cuatro veces más recursos en los SLEP que en los municipios, pero los resultados académicos son igual de preocupantes o peores”, dijo en entrevista con BioBioChile.

“No creo que esté a la altura de lo que requiere la educación pública”, fue categórico Alessandri al ser consultado sobre si los SLEP responden a las necesidades del sistema educativo. “En un principio se hizo responsable a la pandemia de lo que estábamos viviendo, pero pasó la pandemia, siguen pasando los meses y lamentablemente no repunta la educación pública y yo hago responsable a los Servicios Locales de Educación Pública y también de la misma manera al Sistema de Admisión Escolar”, enfatizó.

“Por desgracia, si antes hablábamos de educación pública de calidad, hoy día solo de educación pública”, sentenció el alcalde.

Para Alessandri el problema es de raíz: “Lo que se hizo fue una reforma ideológica de desmunicipalizar la educación pública, crear los SLEP, pero no se pensó en una reforma al interior de la sala de clase, donde se valorara y se mejorara lo que estábamos haciendo en la educación y no esta reforma administrativa y se están viendo los resultados de que la centralización en los SLEP, sin considerar que cada localidad de una comuna tiene distintos corazones, tiene distintas metodologías”.

Consultado sobre si los SLEP tuvieron mala ejecución o es una mala política pública, respondió sin dudar: “Yo creo que son las dos cosas. De partida, cuando estamos todos llevando a nuestro país a la descentralización, hoy día se centralizan por provincia los Servicios Locales de Educación Pública y se nos olvida que en todas las otras materias teníamos que descentralizar”.

Alessandri también apuntó a las inequidades del sistema de financiamiento: “Donde tenemos que llegar, que es el verdadero conflicto, es el tema de la subvención. Hoy día hay chilenos de primera y de segunda. Si usted está bajo un SLEP, recibe cuatro. Si usted tiene como sostenedor a una municipalidad, recibe uno. Y además se entrega según la asistencia, cuando todos los establecimientos tienen gastos fijos”.

Su propuesta es clara: “Tenemos que congelar el proceso, tenemos que analizar qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal y también revisar cuánto se ha invertido. Pero primero tenemos que ver la situación de la subvención, porque es muy injusto que la subvención sea solo por la asistencia y no por la calidad que se está entregando”.

Pero no todos los alcaldes piensan igual. Claudio Castro, de Renca, rechazó la propuesta de Alessandri de frenar el traspaso, calificándola como “una posición ideológica, no basada en evidencia”. Según Castro la educación pública ha mostrado una “recuperación histórica” en 2025 con el SIMCE, con alzas de 13 puntos en lectura y 17 en matemática. “Pausar los SLEP es renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión del Estado”, escribió en redes sociales.

Las crisis territoriales alimentan el debate. En Magallanes, otro paro de un mes afectó a 12.000 estudiantes en 2025. Incluso el presidente Boric tuvo que intervenir públicamente criticando al director regional. Los despidos masivos de docentes también generan tensión. En Valdivia, cerca de 100 profesores no tuvieron renovación de contrato, mientras que en el Bío Bío, el SLEP Andalién Costa notificó despidos de aproximadamente 300 docentes en diciembre, con cartas llegando en plena Navidad.

Algunas comunas simplemente no quieren entrar al sistema. El municipio de Pucón rechazó formalmente el traspaso de sus establecimientos educacionales, argumentando que la gestión municipal actual entrega mejores resultados. En Santiago, el alcalde Mario Desbordes calificó el traspaso como “un fracaso y muy mala noticia” para la comuna y, en Las Condes, Felipe San Martín prometió que “haremos todo para proteger nuestra educación” del proceso de desmunicipalización.

Las 6 fallas estructurales identificadas por el CEP

El Centro de Estudios Públicos (CEP) identificó 6 deficiencias estructurales que se repiten en prácticamente todos los SLEP. Estas fallas, confirmadas por 24 auditorías de Contraloría, explican por qué incluso los defensores de la desmunicipalización admiten que el sistema necesita correcciones urgentes. Los investigadores Sebastián Izquierdo y Trinidad Pacareu documentaron más de 80 hallazgos significativos en áreas críticas de la administración, coordinación y diseño del sistema.

1. Diseño institucional deficiente

La primera falla radica en problemas en el diseño y coordinación de la nueva institucionalidad. Los convenios de traspaso entre municipios y SLEP son voluntarios, lo que ha permitido que muchos alcaldes entreguen información incompleta o aumenten artificialmente la dotación de personal justo antes del traspaso.

Según el estudio del CEP, “a pesar de que la ley de desmunicipalización lleva varios años implementándose, aún enfrenta dificultades para integrarse y coordinarse de manera efectiva dentro de todo el ecosistema educativo”. Esto se debe, en parte, a las regulaciones ambiguas relacionadas con las responsabilidades y tareas de los equipos de los SLEP en comparación con las obligaciones de los equipos ministeriales, como las SEREMI y los Departamentos Provinciales (DEPROV).

Un problema derivado del diseño legal es la falta de incentivos adecuados para suscribir los convenios del Plan de Transición. La naturaleza voluntaria de estos acuerdos entre el Ministerio de Educación y las municipalidades, junto con la capacidad de la Superintendencia de Educación para auditarlos, ha demostrado ser un obstáculo significativo para un traspaso adecuado.

2. Gestión pedagógica relegada

La segunda deficiencia es que la burocracia y los desafíos administrativos han dejado en segundo plano lo que debería ser prioritario: el proceso educativo en las salas de clase.

Durante los primeros años de implementación, el CEP observó que “se dio prioridad a las tareas administrativas y operativas, dejando poco espacio para las prácticas de planificación, implementación y evaluación del proceso educativo”. La carga administrativa excesiva parece ser un obstáculo, especialmente para los jefes de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica (UATP).

El estudio señala que “aunque el último informe resalta que los equipos de acompañamiento pedagógico se están fortaleciendo y menciona iniciativas prometedoras en diferentes SLEP para mejorar la enseñanza, aún no se observan avances significativos en los resultados SIMCE y los desafíos en la trayectoria educativa, como los de convivencia y violencia escolar, también están presentes”.

3. Infraestructura heredada en mal estado

La tercera falla tiene que ver con desafíos en la conservación y adecuación de la infraestructura escolar. Los SLEP recibieron establecimientos con graves deficiencias, exacerbadas porque muchos municipios dejaron de invertir en los años previos al traspaso esperando que los SLEP se hicieran cargo.

Los informes de Contraloría han documentado deficiencias en la evaluación previa del estado de los bienes, el mal estado de conservación de elementos críticos como extintores, ascensores y montacargas, la falta de certificaciones y permisos necesarios, el incumplimiento de los requisitos de seguridad y problemas en los servicios higiénicos, incluyendo la carencia de instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.

En el SLEP de Barrancas de la Región Metropolitana, por ejemplo, se comprobó que “ninguno de los colegios visitados cuenta con el documento emitido por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, que otorga la capacidad por nivel para los recintos educacionales”, según el Informe Final N° 534-2021 de la Contraloría.

4. Administración financiera rígida

La cuarta deficiencia corresponde a ineficiencias en la administración financiera. Los SLEP enfrentan una doble regulación: la Ley de Presupuestos y la Ley de Subvenciones, combinación que le impide una planificación efectiva.

Como entidades del Estado, los SLEP están sujetos a ciclos presupuestarios anuales y otras limitaciones. El CEP advierte que “esta doble regulación ha generado dificultades en la planificación y gestión de los presupuestos. Por un lado, existe incertidumbre en cuanto a los recursos disponibles a través de subvenciones; y por otro, se enfrenta un presupuesto anual que no permite la transferencia de fondos de un año a otro”.

El estudio de la consultora ClioDinámica, citado por el CEP, ya en 2021 había detectado un exceso de funcionarios traspasados desde los municipios a los nuevos servicios “lo que resulta financieramente insostenible”. Y en materia de Subvención Escolar Preferencial (SEP), los 11 primeros SLEP acumularon alrededor de $11 mil millones en saldos remanentes que no pudieron utilizar principalmente por las rigideces presupuestarias mencionadas.

Las auditorías de Contraloría revelaron hallazgos críticos: desvíos de recursos a cuentas con objetivos distintos, pagos con recursos de otras fuentes de financiamiento, deficiencias en la justificación de gastos y discrepancias notables en las rendiciones de cuentas. En algunos casos, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público por posibles delitos.

5. Dificultad para atraer profesionales

La quinta falla se refiere a retrasos y dificultades en la gestión y selección de personal. Los concursos de Alta Dirección Pública para directores ejecutivos frecuentemente se declaran desiertos, especialmente en zonas extremas.

Han salido a la luz reclamos sobre irregularidades en concursos de ingreso, como el caso del SLEP de Magallanes, evidenciando falencias en los procesos de selección. El CEP señala que “con el traspaso de funcionarios municipales a los SLEP, varias personas han asumido cargos para los cuales no poseen la experiencia necesaria”.

Las auditorías detectaron problemas como pagos excesivos, duplicados, sin respaldo, omisiones en descuentos por inasistencias, errores en los cálculos de remuneraciones, y persistencia de procedimientos disciplinarios pendientes. En el SLEP de Valparaíso, según el Informe Final N° 118-2023 de Contraloría, “se comprobó que algunos procedimientos disciplinarios llevan hasta 720 días sin concluir, y que algunos de esos procesos están referidos a eventuales vulneraciones a los derechos de menores”.

6. Participación comunitaria débil

La sexta y última deficiencia identificada se relaciona con desafíos en la integración y participación de la comunidad. Los SLEP cubren territorios mucho más extensos que las antiguas administraciones municipales, lo que dificulta mantener cercanía con las comunidades educativas.

El CEP documenta que “los mecanismos de participación que incluyó la ley de Nueva Educación Pública —los Comités Directivos, integrados por padres, municipio y gobierno regional; y los Consejos de Educación Pública, que incluye a miembros de la comunidad educativa— no se han formado dentro de los plazos establecidos y existen dudas sobre la efectividad de su rol”.

La participación comunitaria ha presentado desafíos desde el inicio, principalmente por la extensión territorial que cubren los SLEP, lo que los sitúa en desventaja en comparación con la administración municipal anterior, caracterizada por ser más descentralizada y cercana a la comunidad.

El gobierno responde: “La evidencia no dice eso”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, rechaza de plano las acusaciones de fracaso. “Mira, yo creo que estos 4 años han sido de estabilización de un esfuerzo grande por normalizar, estabilizar el sistema educativo que venía atravesando por una fuerte tensión, sobre todo por los efectos pandémicos que vivimos”, señaló en entrevista con BioBioChile.

“Los datos no indican que haya un fracaso. Si los Servicios Locales están aumentando todos los indicadores en mayor proporción que el resto del sistema, es porque está teniendo un efecto”, enfatizó el ministro. “Otra cosa es que haya habido problemas, que los va a haber y los va a seguir habiendo, y hay que ir tomando nota de ellos y corrigiéndolos”, aseguró.

Cataldo presenta cifras concretas: “Los Servicios Locales aumentan 3,2 puntos de asistencia entre 2022 y 2024 y el promedio del resto del sistema son 2,9 puntos porcentuales, ya sea bajando la inasistencia grave o la crítica grave, es decir, aquellos estudiantes que van menos del 85% de los días a clases y que son candidatos a la desvinculación educativa. También vemos que los servicios locales reducen 12 puntos porcentuales la cifra de 2022 a la fecha, mientras que el resto del sistema es un 10%”.

El argumento central del gobierno es que los SLEP se instalaron deliberadamente en “territorios deprimidos”. “El esfuerzo que hemos hecho es priorizar la instalación de Servicios Locales en los lugares que están más deprimidos y que requieren más esfuerzo por parte del Estado; justamente, son esos lugares los que tienen peores resultados incluso antes de los Servicios Locales”, explica el ministro.

Cataldo hace una distinción importante entre tipos de problemas: “Hay problemas que son estructurales, que tienen que ver con los procesos de implementación y gestión de los servicios locales que se van corrigiendo, y para eso estamos legislando, estamos cambiando procedimientos. Se ha avanzado mucho en eso. Hay otros problemas que ya son de quienes conducen y administran el sistema, como lo que vimos esta última semana en Atacama. Eso no es un problema estructural, sino que obedece a malas decisiones, decisiones muy cuestionables”.

Y advierte sobre las intenciones de detener el proceso: “No es recomendable detenerlo. Se han hecho profundas evaluaciones, de hecho estamos a pocas semanas de tener los resultados de una evaluación internacional desarrollada por el PNUD, con evaluadores internacionales que son de primer nivel, como por ejemplo Paulo Santiago, que es un académico de primerísimo nivel a nivel mundial de la OCDE”.

El ministro recuerda que el gobierno ya “aplanó la curva” de creación de servicios locales: “Cuando llegamos acá y teníamos una transición que nos hablaba de más de 20 Servicios Locales a crear por año —de hecho este año 2025 ya debíamos haber terminado la transición— la decisión que tomamos por responsabilidad política, técnica e institucional fue aplanar la curva de creación de servicios locales haciéndolo más pausado”.

Y sobre la realidad de los municipios, advierte que “Hay lugares en los que estamos en franca crisis. Til Til lleva ya cerca de 2 años con administrador provisional, con una deuda gigantesca, con interrupciones permanentes de las clases. San José de Maipo, una situación similar; en el caso de Talcahuano, también, y así uno puede mirar muchos municipios de todos los colores políticos y en todas las partes del territorio nacional están con muchos problemas”.

Cataldo concluye con un dato contundente: “Si en 2016 poco más de un 13% de los municipios tenían una situación crítica en términos financieros, el 2022 esa cifra estaba llegando cerca del 60%. Por lo tanto, desatender, desoír la cifra, los datos, los números, la evidencia, no es responsable pensando en algo tan relevante como la educación”.

La voz de la academia: entre el apoyo crítico y las advertencias metodológicas

El investigador Mauricio Pino, del CIAE, ofrece una evaluación más optimista, pero matizada. “Mi valoración es más bien positiva en el sentido de cómo estaba la educación pública previa a la instalación de los SLEP. Creo que cuando uno comienza a analizar el funcionamiento desde 2018 en que se ha estado implementando este sistema, en comparación con la cantidad de años que tenía el funcionamiento de la educación municipal, uno se da cuenta de que parece ser el camino más adecuado para abordar los desafíos en los que nos encontrábamos”, señaló en conversación con BioBioChile.

“Es importante recordar cómo la matrícula ya iba en una constante disminución en el sector público. Por ejemplo, si uno mira desde el año 2004 al 2022, tenemos una disminución excesiva en estas décadas. La matrícula previa a los Servicios Locales se reduce en un porcentaje superior al 30%, con una caída cercana al 1% anual. Luego, cuando los servicios locales se comienzan a instalar y en conjunto con otras leyes como la ley de inclusión escolar, esta tendencia comienza a estabilizarse”, asegura.

Pero el académico advierte sobre el uso metodológico de la PAES para evaluar los SLEP. “La PAES no se construye para evaluar el currículum del sistema educativo. Más bien está pensada sobre cómo ciertas habilidades se pueden identificar en candidatos para ingresar a la universidad. Entonces no es un indicador de trayectoria educativa, sino más bien es un indicador de selección universitaria”.

“Por otro lado, la PAES se aplica sobre muestras autoseleccionadas de estudiantes que desean ingresar a la educación superior. No está aplicada sobre el total a nivel censal como otro tipo de evaluaciones del sistema educativo, y no está tampoco construida como un indicador de calidad”, agregó.

Pino hace un punto crucial sobre la temporalidad, constatando que “4 Servicios Locales partieron en 2018. Luego se fueron sumando más progresivamente. A enero de 2026 tenemos 36 funcionando. Entonces, lo que uno tiene que pensar es cuántos de estos Servicios Locales efectivamente han estado incidiendo en la trayectoria educativa de los estudiantes que dan la PAES, siendo la muestra seleccionada. No es que estos estudiantes hayan estado desde un comienzo hasta el final en los SLEP como para atribuirle a los SLEP que los resultados de la PAES son responsabilidad de esta administración”.

Sobre la urgencia de fortalecer el sistema, Pino es categórico: “Es urgente aprobar el proyecto de ley que busca fortalecer el sistema de educación pública de los SLEP, eso es una cuestión muy relevante. Se encuentra actualmente en su etapa final de tramitación legislativa y esa ley lo que busca es fortalecer las capacidades administrativas, pedagógicas, robustecer el rol de la Dirección de Educación Pública y son cambios que justamente se pensaron en base a las evaluaciones sistemáticas que se están realizando sobre los Servicios Locales de Educación Pública”.

El académico insiste en que “hay muchas evaluaciones y monitoreo sobre este sistema. Este no es un sistema que esté escondido en una caja negra, es extremadamente abierto y muy estudiado. Entonces, lo que uno esperaría es que se puedan hacer las mejoras que la evidencia indica. Esto no se trata de volver a pensar cómo administramos la educación pública, sino más bien cómo la podemos fortalecer”.

Y apela a tener una visión como Estado. “Hay que pensar que esta es una política de Estado. Estas no son políticas de gobierno y la educación debe ser pensada como una política de Estado. Entonces, cuando nos tomamos años para llegar a estas políticas, lo lógico es decir: ¿Cómo las podemos fortalecer? Es el camino que parece natural en el sistema de educación pública”.

“Es clave salir de la falsa dicotomía de la desmunicipalización, dejar de pensar que esto es contra los municipios. Los SLEP requieren el apoyo de los municipios para poder instalarse. Entonces, esto no se trata de decir que debemos hacer como una partida contraria con los municipios, sino que más bien hay que aprovechar los servicios de los municipios para fortalecer a los Servicios Locales de Educación Pública”, sentencia.

La paradoja de los resultados

Aquí está el nudo del debate, los resultados contradictorios entre distintas pruebas. Por un lado, el SIMCE muestra mejoras significativas en los SLEP, con hasta 10,48 puntos adicionales comparados con colegios similares de otras dependencias. En 4° básico, el incremento acumulado entre 2022 y 2024 llegó a 12-13 puntos en lectura y hasta 17 en matemática.

Pero la PAES cuenta otra historia. Los liceos emblemáticos experimentan caídas dramáticas: el Instituto Nacional pasó del puesto 14 en 2015 al 360 en 2026, cayendo 57 lugares solo respecto al año anterior. El Internado Nacional Barros Arana está en el lugar 1.147 y el Liceo de Aplicación en el 1.081. Ningún establecimiento público —municipal o SLEP— logró ubicarse entre los 50 mejores de la PAES 2026.

Paulina Retamales, directora del SLEP Santiago Centro, reconoció ante El Mercurio que “tenemos que poner el foco en los procesos pedagógicos, que van más allá de los resultados, pero también en los procesos de enseñanza”. Sin embargo, la caída de los liceos emblemáticos se ha convertido en el argumento emblemático de quienes piden frenar la reforma.

Pino insiste en que hay un error metodológico importante al usar la PAES para evaluar los SLEP, porque es una muestra autoseleccionada de estudiantes que desean entrar a la universidad, no una evaluación censal del sistema. Cuando se analizan indicadores construidos específicamente para evaluar el sistema educativo, como asistencia, inasistencia crítica o resultados SIMCE, “los datos indican mejoras, especialmente cuando lo comparamos respecto a la pandemia”.

Alessandri, en cambio, es tajante: “Está reflejado en las distintas pruebas, está reflejado en lo lento que se han implementado los SLEP y está a la vista de todos nosotros. Solo un establecimiento educacional de 100 es público entre los mejores de la PAES. Entonces, analicemos, veamos e invitemos a poder ver bien qué estamos fallando como país”.

Lo que viene con Kast y un futuro incierto para los SLEP

José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia en marzo, ya dejó clara su postura. “Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”, dijo tras un punto de prensa en La Moneda.

El presidente electo reconoce que “hay estudios que dicen que ha habido una mejora”, pero también plantea dudas. “Tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo a las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque, como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”.

“Anteayer tuve una reunión con las distintas asociaciones de municipalidades y ellos están preocupados. Ellos saben que para no entrar al SLEP tienen que tener buenos rendimientos en sus colegios y los alcaldes también están pidiendo que se haga bien el análisis de si se avanza de acuerdo a lo que dice la ley o si se puede retrasar”.

Su postura entonces es de cautela. “Nuestra mirada es que, para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno. Por lo tanto, creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy relevante”.

Kast tiene la potestad administrativa de acelerar o frenar el calendario de traspasos. El Congreso aprobó en enero de 2026 un proyecto de ley de fortalecimiento que extiende el Fondo de Apoyo a la Educación Pública hasta 2029 con más de $100.000 millones. Pero con el nuevo gobierno, se prevé una batalla legislativa para modificar sustancialmente la ley original.

Bajo este prisma, el ministro Cataldo envía un mensaje al gobierno entrante, donde expresa que “Mi recomendación es mirar esto con menos ideología, con observación de los datos, de lo que ha sido la experiencia, de cuáles son los resultados que han tenido y un poquito más también de ocupación por la realidad operacional del sistema durante los años que vienen”.

Y agrega: “Yo soy muy respetuoso de las decisiones que le va a corresponder tomar al próximo gobierno, porque efectivamente para eso fueron electos y ellos tienen que gobernar con su programa y su mirada; van a recibir toda la colaboración de parte nuestra, pero también la colaboración implica tener una opinión crítica cuando creemos que no se transita por el camino correcto. Eso es parte natural del ejercicio democrático de ser oposición también”.

Por su parte, el investigador Mauricio Pino advierte sobre los riesgos de retroceder. “Hacer la modificación del sistema municipal a los Servicios Locales de Educación Pública tomó muchos años y eso fue parte de una reflexión académica, de investigación, técnica, política que nos llevó a construir lo que actualmente tenemos. No fue una decisión apresurada de un gobierno que llegó y se instaló y dijo: ‘Vamos a desmunicipalizar’. Fue un proceso lento, complejo”.

Sobre qué no debería modificarse, Pino señala que “La heterogeneidad de los Servicios Locales de Educación Pública y especialmente aquellos que han dado cuenta de tener problemas reflejan que tenemos que fortalecer la manera en que se selecciona y potencia a los directores y ejecutivos de estos servicios locales. No es común que tengamos problemas en todos los Servicios Locales con ellos, sino que son algunos en específico, pero que llama la atención mediática”.

El alcalde Alessandri, por su parte, ve el cambio de gobierno con esperanza. “Tengo mucha esperanza en que se vuelva a dar un valor importante a la libertad, a la libertad del alumno, la libertad del apoderado en poder elegir el lugar que uno quiere para poder educar a sus hijos”.

Cómo realizamos este artículo con asistencia de IA

Inicialmente, solicitamos a Claude, el modelo de inteligencia artificial de Anthropic, que realizara una investigación preliminar sobre los argumentos a favor y en contra de los SLEP a nivel nacional. Lo instruímos con algunos casos puntuales que nos pareció importante mencionar, como las situaciones en Atacama y Magallanes, además de las críticas y recomendaciones elaboradas por el CEP.

Con esa información, Noelia concertó entrevistas con el alcalde Gustavo Alessandri, el ministro Nicolás Cataldo y el experto en educación Mauricio Pino. El equipo del presidente electo declinó participar, pero José Antonio Kast habló del tema durante un punto de prensa.

Finalmente, incorporamos al sistema los resultados de esas entrevistas y determinamos la estructura del artículo, indicándole cómo debía consolidar la información. Claude redactó el borrador del reportaje, el que fue revisado, editado y correjido por los periodistas involucrados.