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La duda más que razonable está en qué decisión los llevó a dejar la caja vacía, ya que ante ausencia de justificación razonable, estaríamos frente a hechos que huelen a delito.
Es parte de todo fin de gobierno que se aceleren trámites, se provean cargos y se resuelvan asuntos a última hora. Muchas de estas decisiones son cuestionables, aunque no necesariamente ilegales. Por ello el foco no debe limitarse únicamente a una auditoría, sino a desplegar toda la fuerza del Estado para despejar cualquier responsabilidad: administrativa, civil y penal.
Entendiendo que “amarres” son aquellas decisiones adoptadas por una administración saliente que entorpecen o imposibilitan que el gobierno entrante —en este caso el de José Antonio Kast— ejecute de manera seria y eficaz su programa. No se trata de actos orientados a cumplir tardíamente el plan de gobierno anterior —porque de haber sido así, se habrían ejecutado al inicio—, sino de decisiones adoptadas usando el poder del Estado para condicionar la gestión del nuevo gobierno.
No todos los amarres tienen la misma magnitud. Muchos de ellos pueden “desamarrarse” mediante mecanismos propios del derecho administrativo, como la invalidación o la revocación de los actos que los generaron, ya sea por su ilegalidad o por su falta de conveniencia. Para ello no se requiere una nueva ley, sino actuar con prontitud y buena letra.
Más graves son, en cambio, aquellos amarres que resultan irreversibles. Entre ellos destaca el principal: heredar una caja fiscal minúscula, con saldo negativo y sostenida mediante endeudamiento. Ese patrimonio fiscal es el que permite financiar salud, vivienda, seguridad o educación. Por lo mismo, su mala administración no solo debe cuestionarse políticamente, sino investigarse con rigor para determinar si existen responsabilidades que deban sancionarse conforme a la ley.
En cualquier negocio de barrio, cuando la caja no cuadra se revisan los libros para descartar errores. De ahí la importancia de las auditorías anunciadas por Kast. Pero estas, por sí solas, difícilmente serán suficientes para establecer todas las responsabilidades y hacerlas efectivas.
La responsabilidad administrativa se extingue a los seis meses desde que los funcionarios dejaron sus cargos. Curiosamente, el propio gobierno fijó un plazo similar para la realización de las auditorías. Lo que abre un riesgo evidente de impunidad administrativa.
En ese escenario, veamos la responsabilidad civil y penal.
La civil implica reparar el daño causado al patrimonio fiscal, es decir, responder con recursos propios por los perjuicios ocasionados. En la práctica, si los responsables no tienen voluntad de restituir los recursos, suelen ocultar o distraer su patrimonio. Es decir, existe el riesgo —como estamos acostumbrados—: no se recupere ni un centavo.
Finalmente, la responsabilidad penal. Cuya persecución depende en la práctica del Ministerio Público, de la voluntad de un fiscal. Un burócrata. Que tiene en sus manos la decisión de iniciar la persecución. La experiencia reciente demuestra que en causas complejas los cambios de fiscales o la dispersión de las investigaciones se vuelve la rutina y debilita la persecución penal.
Basta recordar lo ocurrido en el caso Procultura, donde múltiples cambios en la conducción de la investigación terminaron beneficiando a los hechores.
La auditoría es una decisión correcta y necesaria: permitirá conocer la verdad y dimensionar la mugre que habrá bajo la alfombra (seguramente más de la esperada). Pero la auditoría no es, por sí sola, una herramienta efectiva. En el plano político, quienes dejaron el poder tendrán cuatro años para reconstruir su relato, instalar su narrativa y limpiar su imagen, por lo que los hechos nuevamente pueden ser superados por el libreto.
Si se busca resultados concretos, las auditorías deben ir acompañadas de sumarios administrativos, para evitar la impunidad; denuncias ante el Ministerio Público para que dirija prontamente la investigación; y se realice un trabajo coordinado de fiscalización institucional entre los auditores y la Contraloría.
Porque el debate no se reduce a quién creerle -al ex o al actual Ministro de Hacienda- respecto de cuántas migajas dejó el Gobierno anterior, sino ¿dónde está el dinero?¿qué hicieron con él? La duda más que razonable está en qué decisión los llevó a dejar la caja vacía, ya que ante ausencia de justificación razonable, estaríamos frente a hechos que huelen a delito.
Los amarres existen. Los desamarres también. Pero cuando lo que está en juego son los compromisos sociales del Estado y la capacidad de responder ante emergencias o catástrofes, un amarre de esta magnitud no puede resolverse con una declaración en un punto de prensa. Debe responderse de manera racional y proporcional al mal producido, con todo el rigor y poder punitivo del Estado. Y eso no puede ser solo una consigna, sino una realidad.
