El Ministerio de Ciencia definió diez áreas prioritarias para el Fondecyt de Postdoctorado, y hasta el setenta por ciento de las adjudicaciones podrá destinarse a ellas. En las diez, la palabra humanidades no aparece ni una vez. Desde 1991 este concurso competía por mérito académico. Ya no.

Creo que no es reprochable el espíritu de esta idea. No acuso a la ministra de que el Estado tenga una agenda. Creo que debe tenerla, y que un país que aspira a industrializarse necesita decidir qué capacidades construye. Es una idea que he defendido. Es más, creo que el Estado debería determinar el stock de ingresos a carreras según las necesidades del país. Y más todavía, fue la ausencia de esas políticas la que nos llevó a la Universidad del Mar, a la Iberoamericana, al Pacífico, y a los dramas familiares de miles de estudiantes estafados.

Mi objeción va por otro lado. Durante cuarenta años el sector político que representa la ministra sostuvo que el Estado no está capacitado para decidir qué se estudia en Chile. Cada vez que propusimos condicionar financiamiento público a fines públicos, se nos contestó con esa doctrina.

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Ahora, de un día para otro, resulta que el Estado sí puede decidir. Convicción que no apareció para regular el lucro, ni para ordenar una oferta de carreras que se expandió sin correspondencia con nada. Apareció para establecer que hay diez casilleros donde el conocimiento merece financiamiento y un margen estrecho para todo lo demás. Acá no hay una defensa de la libertad académica. Hay una defensa de la libertad de mercado que se suspende cuando el objeto es una disciplina incómoda.

Y el diagnóstico tampoco cierra. Andrés Couve, ministro de Ciencia de Piñera, señaló hace días que Chile invierte 0,41% de su PIB en investigación y desarrollo, y que para llegar al uno por ciento el sector privado tendría que aumentar siete veces lo que pone hoy. Siete veces. Una empresa no invierte en ciencia por convicción, invierte cuando hay incentivos que se lo hagan conveniente, y la reforma tributaria era exactamente el lugar donde se ponen esos incentivos. El gobierno decidió no hacerlo. En el instrumento donde puso mayor esfuerzo, la ciencia no aparece.

Frente a esa brecha, intervino un concurso que es el doce por ciento de Fondecyt y doscientos sesenta cupos al año. Si de verdad se trata de que la ciencia mueva la economía, eso no se juega en el postdoctorado de una investigadora de treinta y dos años que estudia enfermería o historia.

La ministra respondió que las humanidades sí caben en las áreas definidas, siempre que se las mire de cierta manera. Ahí está el punto exacto de la discusión. Caben cuando dejan de operar por sus propias preguntas y pasan a servirle a otra.

Ya que nadie respondió la pregunta de fondo, intentaré responderla. Pongámoslo en los términos que a este gobierno le interesan. Lo que hace atractivo invertir en Chile, más que el cobre o la geografía, es que acá los contratos se cumplen. El inversionista quiere tribunales independientes. Para que un tribunal sea independiente tiene que haber una democracia que lo fiscalice. Para que haya democracia tiene que haber ciudadanos informados. Para que haya ciudadanos informados tiene que haber prensa libre. Para que haya prensa libre tiene que haber gente capaz de leer, de escribir y de distinguir un dato de una mentira. Y para eso hacen falta profesores, y detrás de cada profesor hay pedagogía, y detrás de la pedagogía hay filosofía, historia, lingüística.

La cadena que empieza en un directorio decidiendo si pone su plata acá o en otra parte termina en una sala de clases. Chile además construyó instituciones estables después de una dictadura, y eso se apoyó en un campo que se llama justicia transicional. Nada de eso aparece en las diez áreas.

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Cuando el Presidente ironizó sobre las investigaciones que terminan encuadernadas en una biblioteca sin generar un solo empleo, expresó con franqueza la idea que ordena estas bases. Y de ahí sale la pregunta de fondo. Si la tarea de la ciencia es generar empleo, ¿para qué existe el Ministerio de Ciencia?

La creación de empresas tiene un ministerio, que es Economía. El fomento productivo tiene una agencia, que es Corfo. La inserción laboral tiene una cartera, que es Trabajo. Ninguna de las tres es la cartera de la ministra Lincolao. Cuando el ministerio describe el Fondecyt de postdoctorado como un mecanismo de inserción laboral, está tomando el principal instrumento de investigación del país y convirtiéndolo en un programa de empleo con otro nombre.

Un país que desfinancia esas capacidades no se vuelve más productivo. Se vuelve menos capaz de decidir qué hace con lo que produce.