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El presidente Gabriel Boric nominó a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU, generando críticas por el silencio sobre los costos. El Gobierno chileno despliega una estrategia internacional para su postulación, incluyendo un viaje de Bachelet a China. El senador Latorre destaca que la candidatura debe ser una política de Estado transparente. En la oposición, el diputado Moreira cuestiona la decisión y buscan transparencia sobre los costos.
Luego de que el presidente Gabriel Boric nominara a la exmandataria Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno chileno ha comenzado a desplegar una estrategia internacional para impulsar su postulación, en medio de las críticas por el silencio respecto a los costos.
Consciente de que la elección depende del apoyo de las principales potencias mundiales, el Ejecutivo ha coordinado una agenda diplomática que incluye a países con poder de veto en la ONU.
En ese contexto, Bachelet viajó recientemente a China, donde se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien la calificó como una “figura política de renombre mundial”.
Desde el oficialismo, el senador del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juan Ignacio Latorre, destacó que la candidatura de la exmandataria debe entenderse como una política de Estado, más allá de diferencias entre gobierno y oposición.
“Este presupuesto tiene que ser transparente y espero que eso se aclare en la discusión de la ejecución presupuestaria y de la tramitación de la ley de presupuesto para el 2026”, afirmó Latorre, quien insistió en que los recursos destinados a la campaña deben ser públicos.
En la vereda opositora, el diputado de la UDI, Cristhian Moreira, cuestionó la decisión del Ejecutivo. “No comprendemos la candidatura de Bachelet y por qué no buscaron a otra persona”, señaló.
Además, adelantó que su bancada respaldará la iniciativa de Renovación Nacional para acudir al Consejo para la Transparencia con el fin de solicitar un pronunciamiento formal.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, explicó que, una vez recibida la solicitud de los parlamentarios, el organismo la derivará a su departamento jurídico para determinar qué establece la ley y si este caso se encuentra amparado por normas de reserva.
“Ha habido muchísimos casos donde Cancillería ha querido ocultar o negar información. Los tribunales han dicho que solo en situaciones muy delicadas la información puede mantenerse reservada”, precisó Leturia.
Por último, el abogado sostuvo que espera que se transparenten todos los gastos asociados a la campaña, y no únicamente el presupuesto asignado.
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