Karol Cariola, diputada del Partido Comunista y expresidenta de la Cámara Baja, presentó un escrito de 15 fojas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento detalla presuntas violaciones a los derechos fundamentales de ella, su hijo recién nacido y su pareja, Tomás De Rementería, durante el allanamiento ejecutado el mismo día del parto, el pasado 3 de marzo de 2025.
La acción policial, ordenada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, y autorizada por el 7° Tribunal de Garantía de Santiago, se realizó en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Según el texto, al que accedió Radio Bío Bío, tres agentes de la PDI incautaron un teléfono iPhone y un computador portátil de Cariola, interrumpiendo las primeras horas de apego con su hijo.
“El allanamiento fue intrusivo, desproporcionado y vejatorio“, señala el escrito.
El reclamo jurídico, presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez, enfatiza que la medida se ejecutó pese a que la orden judicial estaba vigente desde una semana antes. Además, destaca que el operativo incluyó el ingreso al domicilio de la familia, donde se encontraba la madre de De Rementería y dos menores, sin justificación de urgencia.
Cariola, tercera autoridad constitucional del país al momento de los hechos, sostiene que el allanamiento violó la Convención de Belém do Pará, el Pacto de San José y la “Ley Mila”, que garantiza acompañamiento durante el parto. “Se priorizó una diligencia intrusiva sobre el derecho a la intimidad y la protección maternal”, indica el documento.
Actuación policial y fiscal bajo la lupa
El escrito acusa a la Policía de Investigaciones (PDI) de incumplir su código de ética al no considerar la “situación de especial vulnerabilidad” de Cariola. Según la denuncia, los agentes liderados por Francisco Riffo actuaron sin perspectiva de género, pese a que la ley orgánica de la PDI exige respetar derechos humanos “sin discriminaciones arbitrarias”.
Recordemos que la fiscalía regional de Coquimbo basó el allanamiento en el Informe Policial N°487, vinculado a la causa “Sierra Bella”, que investiga supuestos favores entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, y Cariola.
Sin embargo, el escrito de Karol Cariola a la CIDH cuestiona el informe por “errores graves“, como confundir identidades y omitir que la patente comercial en discusión había sido denegada en 2022. “El traslado de evidencia fue inautorizado y carente de rigor científico”, afirma el texto.
El 7° Tribunal de Garantía de Santiago, tras una audiencia con el juez Mario Cayul, acogió una cautela de garantías para proteger la privacidad de Cariola. La resolución ordenó segmentar y custodiar los datos del iPhone, eliminando contenido no vinculado a la investigación, como fotos y videos del parto. “Quedó establecido que se violaron derechos fundamentales“, subraya el documento presentado a la CIDH.
La denuncia también menciona filtraciones de conversaciones privadas de Cariola a medios de comunicación, lo que derivó en una investigación por violación de secretos. “El custodio de la información es el fiscal Cooper, responsable de evitar nuevas filtraciones”, advierte el texto, citando la resolución judicial.
Reclamos concretos de Karol Cariola a la CIDH: reparación y reformas al sistema penal
Entre las peticiones a la CIDH, Cariola exige que Chile adopte “medidas progresivas” para reparar los derechos afectados, incluyendo garantías de no repetición y no regresión. El escrito solicita que el Estado refuerce el marco legal y administrativo para que fiscales, jueces y policías prioricen los DD.HH. en sus actuaciones.
Además, pide que se impulse la “conciencia sobre derechos humanos” en las instituciones chilenas, con enfoque en grupos vulnerables. “Debe eliminarse el trato vejatorio y abusivo en procedimientos penales“, señala el documento, citando artículos de la Convención Americana sobre los DD.HH.
La diputada también demanda que Chile reconozca posibles contravenciones al Pacto de San José y aplique políticas de reparación “condignas a la afectación causada”. Esto incluiría disculpas públicas, indemnizaciones y ajustes en protocolos de allanamiento para evitar casos similares.
El escrito adjunta pruebas como el certificado de nacimiento de su hijo, resoluciones judiciales y un reclamo formal ante la PDI. Según una encuesta CADEM citada en los anexos, el 67% de los chilenos rechazó la forma en que se ejecutó el operativo.
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