La jornada de este lunes, la Comisión Especial Investigadora por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende interrogó a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo y al asesor jurídico de la división, José Cortés.
En la instancia, se abordó -principalmente- la minuta en la que este último advirtió las inhabilidades constitucionales que contenía el trato, al hacer partícipe a dos autoridades de Estado, la otrora senadora Isabel Allende y la exministra de Defensa, Maya Fernández, ambas herederas de la propiedad.
Al respecto, los diputados que conforman la CEI buscaron conocer quién tuvo acceso a dicha minuta. Y si bien -consignó La Tercera– los invitados no revelaron nuevos antecedentes, sí detallaron su función en la fallida operación.
“No hice ninguna gestión directa, no quiero eludir ninguna responsabilidad, pero sí quiero señalar que yo no tuve ninguna participación directa en las gestiones que se realizaron”, partió afirmando la directora Pozo.
Así, complementó que si bien tomó “conocimiento de la minuta que nos hizo llegar Paz Carmona y José Cortés, de hecho ellos la elaboraron, yo no informé a la Segpres ni a la Presidencia porque yo, insisto, no tuve ningún vínculo directo o comunicación directa ni con Segpres ni con Presidencia, porque la tarea estaba delegada a las jefaturas legales”.
“En la minuta salía textual que en la comunidad hereditaria había dos autoridades de la República, eso para efectos jurídicos lo puede precisar José Cortés, pero es lo que yo recuerdo que textualmente estaba en las minutas”, agregó.
Reunión con Bernardita Nazar
Por otra parte, Pozo se refirió a la reunión con Bernardita Nazar, abogada del Segundo Piso que conocía las inhabilidades, y que terminó presentando su renuncia.
“El día 11 de junio de 2024 se celebró una reunión de asesores con Bernadita Nazar y el jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maino, en la que participó nuestro asesor jurídico, José Cortés. Se intercambiaron opiniones sobre la sostenibilidad patrimonial del proyecto y cuál debiese ser la entidad responsable o sostenedora para su continuidad, y se estimó que para que la propiedad fuese adquirida por el Fisco, se encargaría la compra al Ministerio de Bienes Nacionales“, señaló.
“Se instruyó a quienes participaron en la reunión en representación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que no se continuaría en las gestiones con la comunidad hereditaria, salvo para reunir todos los antecedentes y terminar el proceso de tasación del inmueble. En dicha reunión, José Cortés hizo nuevamente presente la situación de la composición de la comunidad hereditaria dueña del inmueble de calle Guardia Vieja“, aseguró.
Finalmente, Cortés señaló que durante la reunión no se abordaron en profundidad las inhabilidades, pues si bien “se planteó fundamentalmente la existencia de dos autoridades que tenía implicancia jurídica y comunicacional al proyecto, es decir, la viabilidad del proyecto. No se menuzó jurídicamente ese elemento”.
Enviando corrección, espere un momento...
