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La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte solicitó 20 años de cárcel para el exjefe de Inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal, y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, en el marco del Caso Operación Topógrafo. Se les imputan delitos de interceptación ilegal telefónica y falsificación de instrumento público, donde Nazal habría supervisado operaciones ilegales de interceptación de señales de telefonía móvil sin autorización legal, utilizando oficios falsos para obtener autorizaciones judiciales secretas de Poblete. Las interceptaciones no estaban relacionadas con la seguridad nacional ni actividades delictivas, sino que afectaron a denunciantes de irregularidades, periodistas y personas relacionadas sentimentalmente. Entre las víctimas se encuentran excapitanes del Ejército, periodistas y funcionarios castrenses.

La Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte pidió 20 años de cárcel para el exjefe de Inteligencia del Ejército, general (r) Schafik Nazal y el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete, en el marco del denomicado Caso Operación Topógrafo.

Así se indica en la presentación de la acusación a la que accedió Radio Bío Bío, donde se les imputan los delitos de interceptación ilegal telefónica y falsificación de instrumento público.

Según detalla la Fiscalía, entre 2016 y principios de 2018, el entonces general de Brigada del Ejército, Schafik Nazal, en su rol de director de Inteligencia del Ejército (DINE), solicitó, ordenó y supervisó operaciones ilegales de interceptación de señales de telefonía móvil sin autorización legal.

Utilizando oficios del DINE firmados por él, obtuvo autorizaciones judiciales secretas del ahora exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Antonio Poblete Méndez, para que las compañías telefónicas intervinieran, monitorearan y grabaran comunicaciones telefónicas.

De acuerdo a la Fiscalía, estas interceptaciones se realizaron al margen de la ley, ya que no estaban vinculadas a la seguridad nacional ni al combate contra el terrorismo, narcotráfico o crimen organizado, como exige la Ley sobre Inteligencia.

Además, se utilizaron nombres falsos en los oficios para ocultar las identidades de las personas interceptadas.

De hecho, el Ministerio Público sostiene que las personas intervenidas no representaban amenaza para la seguridad nacional, sino que eran denunciantes de irregularidades, periodistas o se buscaba indagar en sus relaciones sentimentales.

Entre la extensa lista de víctimas de las interceptaciones ilegales orquestadas por Nazal y Poblete en el marco de la Operación Topógrafo se cuentan al excapitán de Ejército, Rafael Harvey Valdés y el periodista Mauricio Weibel Barahona; además de otras 13 personas, en su mayoría funcionarios del Ejército.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)