La Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas aprovechó la coyuntura del caso Hermosilla para remarcar la necesidad de que se modifique la forma en la que se nombran los jueces en Chile. Esto, después de que se revelaran gestiones del abogado-imputado para que dos magistrados consiguieran ser nombrados. Uno en la Corte Suprema y otro en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Luego que este fin de semana se conocieran las “gestiones” que hizo el abogado-imputado, Luis Hermosilla, para influenciar en nombramientos de dos jueces, desde la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas (ANMM) pidieron una revisión urgente de la forma en que se concretan las asignaciones en los cargos más importantes del Poder Judicial.
Este sábado Ciper dio a conocer que dentro de las cientos de conversaciones que Luis Hermosilla tuvo por WhatsApp el último tiempo, hay algunas en las que se demuestra la influencia que ejerció en favor del nombramiento de dos magistrados.
Concretamente, Hermosilla influyó con éxito en el nombramiento de Jean Pierre Matus como ministro en la Corte Suprema en 2021 y en el de Antonio Ulloa como magistrado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago ese mismo año.
Preocupación de Asociación de Magistrados
En este contexto, desde la ANMM mostraron aseguran que miran “con preocupación el caso Hermosilla”.
Concretamente, la secretaria general y vocera de la organización gremial, Mariela Hernández Acevedo, remarcó la necesidad de que se modifiquen las formas como se nombran los magistrados.
“Creemos que (esta) es la instancia de plantear nuevamente las demandas históricas que como gremio hemos venido trabajando a lo largo de los años. Resulta indispensable realizar una modificación al sistema de nombramiento de todos los jueces y juezas, del escalafón primario específicamente del Poder Judicial”, partió señalando.
En esa línea, manifestó que “la forma como se nombran a los jueces y juezas requiere de una revisión exhaustiva y sobre todo de una modificación a este sistema, justamente para evitar la politización de los nombramientos de quienes van a resolver los conflictos de todas y todos los ciudadanos”.
Por ello, añadió la representante de la Asociación que agrupa a cerca del 70% de los jueces de Chile, es necesario “la existencia, la creación de un órgano autónomo, independiente, consagrado constitucionalmente y que, por cierto, sea paritario e integrado mayoritariamente por jueces, a fin de justamente consagrar el principio y proteger la independencia judicial como garantía para todos los ciudadanos y ciudadanas que recurren a tribunales”.
