El ministro Luis Cordero reiteró la postura del Ejecutivo respecto de la decisión que tomó el juez Daniel Urrutia, sobre autorizar videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró la postura del Ejecutivo respecto del caso del juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, de los cuales algunos pertenecen al Tren de Aragua.
“La posición del Ejecutivo es enfática sobre este tema. En primer lugar, es una decisión que contraviene las normas que regulan establecimientos penitenciarios de máxima seguridad. En segundo lugar, no se han comprometido los derechos de las personas que están privadas de libertad al interior del establecimiento. Y en tercer lugar, en este punto el Ejecutivo tiene una sola opinión y es que dada la naturaleza de la condición procesal de las personas que están ahí, los delitos que cometieron, que explican, entre otras cosas, por qué se encuentran en el recinto que tiene mayor exigencia de seguridad del país, es razón más que suficiente para sostener la ilegalidad de esa decisión“, sostuvo el secretario de Estado.
Respecto a los casos a los que se opuso Gendarmería, Cordero dijo que “la mayoría de ellos corresponden a personas que están imputadas en investigación de delitos muy graves vinculadas a crimen organizado y Tren de Aragua”.
Cordero y resolución de juez que autorizó videollamadas de reos
En este sentido, la autoridad recordó que, según la legislación vigente, “respecto a las comunicaciones de personas que están vinculadas a delitos de terrorismo, de narcotráfico y crimen organizado, la legislación establece la obligación de Gendarmería de tener especial vigilancia respecto a esas comunicaciones”.
“(…) En el pasado hemos tenido discrepancia con los jueces, que quiero recordar ahora que hace no muchos meses atrás existieron resoluciones judiciales que permitían las visitas respecto de personas que no estaban enroladas. Gendarmería recurrió a esas resoluciones y obtuvo decisión favorable, porque eso implicaba que personas que se avecindaban irregularmente en el país pudieran hacer visitas en establecimientos penitenciarios. Esa fue una objeción que realizó Gendarmería y tuvo su triunfo en tribunal. Y lo que está haciendo ahora es exactamente lo mismo”, precisó Cordero.
Es por esto que el Ejecutivo pide, esencialmente, que “cada institución cumpla los roles que constitucional y legalmente le establece. Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal. Las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de Gendarmería, y el Ejecutivo y yo me he referido a ellas el día de hoy”.
