Desde la oposición, específicamente del Partido Republicano, los parlamentarios explicaron que la participación del diputado Juan Santana (PS) en reuniones en la casa del lobbista Pablo Zalaquett "impide representar de manera imparcial los intereses de todos los sectores involucrados en el proceso legislativo" en medio de la discusión por la reforma de pensiones.
Continúa la polémica por la serie de reuniones que sostuvieron diversas autoridades, tanto ministros como parlamentarios, en la casa del lobbista Pablo Zalaquett.
Esta vez, los diputados de la bancada del Partido Republicanos presentaron un requerimiento ante la Comisión de Ética de la Cámara Baja, en contra del presidente de la Comisión de Trabajo, Juan Santana (PS).
Lo anterior, tras reconocer que participó en reuniones en la casa del exalcalde de Santiago con la finalidad para “exponer sobre pensiones”.
Republicanos envía a Santana (PS) a Comisión de Ética por reunión en casa de Zalaquett
El jefe de la bancada republicana, Agustín Romero, aseguró que creen que “la tramitación de la Ley de Reforma Previsional está siendo viciada por la participación de un presidente que participó en reuniones clandestinas”.
“Bajo ese predicamento lo que corresponde hoy día es aclarar cuál es la posición que tiene nuestra Comisión de Ética”, agregó.
En esa línea, el parlamentario explicó que “no podemos darnos el lujo de que en este Congreso Nacional salgan leyes corruptas como decía antiguamente la izquierda, como pasó con la Ley de Pesca, y ahora va a salir de esta manera una ley corrupta con la reforma previsional”.
En el documento, los parlamentarios de oposición dan cuenta de la importancia que tiene Santana (PS) en la discusión de la tramitación del proyecto de reforma de pensiones, pues es él quien lidera las conversaciones.
“Como presidente de esta comisión, el diputado Santana desempeña un papel crucial en la configuración de la discusión política y técnica del proyecto de ley y en la toma de decisiones relacionadas con el sistema de pensiones de nuestro país. Su posición le brinda ante todo prerrogativas específicas en la dirección del debate legislativo”, señala el escrito.
Igualmente, el documento agrega que la participación del parlamentario socialista impide “representar de manera imparcial los intereses de todos los sectores involucrados en el proceso legislativo, no da garantías suficientes para una discusión transparente y, en definitiva, contamina toda la tramitación del proyecto de ley”.
En ese sentido, Romero explicó que “nosotros tenemos que salvaguardar que nuestras instituciones funcionen y que las personas que dirigen las comisiones, que son las que fijan la tabla, las urgencias y que dan la continuidad del debate, tengan la suficiente idoneidad y no estén relacionados con ningún tipo de reunión clandestina”.
