Por esta grave situación, más de 30 mil estudiantes podrían perder el año escolar en la región de Atacama.
El Ejecutivo detectó graves irregularidades en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, acusado de mantener en pésimas condiciones 46 colegios. Tras esto, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, profundizó en el tema, el cual mantiene en paro a los profesores de la zona.
Por esta situación, más de 30 mil estudiantes podrían perder el año escolar en la región de Atacama.
Hace unos días, en conversación con La Radio, el presidente del Colegio de Profesores de la zona, Carlos Rodríguez, explicó que para destrabar el conflicto y “para volver a trabajar en las escuelas, tienen que estar los enchufes y las luminarias porque los estudiantes están estudiando en penumbras. (También) los servicios higiénicos en una gran mayoría de establecimientos no dan abasto, y en otros están clausurados”.
Crisis educacional en región de Atacama
En conversación con ADN Hoy, la subsecretaria Arratia, dijo que actualmente, “más que un plan en particular, lo que nosotros hemos estado haciendo es conversar con el Colegio de Profesores y Profesoras para buscar una opción que viabilice el retorno a clases lo antes posible”.
“Este es un tema que se arrastra desde hace un buen tiempo. Nosotros hemos tenido varias reuniones, y el pasado 13 de septiembre se llegó a un acuerdo con el ministro de Educación respecto a tres pisos mínimos”, detalló la autoridad.
El primero de esos pisos era “que los servicios básicos de los establecimientos estuvieran funcionando. La segunda es que se repartieran los materiales que se tenían que repartir y que son necesarios para el desarrollo de la labor en los establecimientos educacionales. Y en tercer lugar, la sanitización de los establecimientos, ya que esta es una zona que ha tenido muchos problemas con plagas de ratones, palomas, y que dificultan la labor de los establecimientos”, comentó Arratia.
En cuanto a las exigencias, la subsecretaria señaló que “han ocurrido algunas diferencias en términos de cómo se interpreta ese piso mínimo”, recordando “que cuando cada establecimiento tenía ese piso mínimo, ese establecimiento volvía a clases”.
“Pero cuando tú tienes 60 establecimientos, esto puede tomar un tiempo mucho más largo. Entonces, lo que se acordó en la reunión, lamentablemente fue cambiado, y se pidió que fueran todos los establecimientos los que volvieran a clases”, aseguró Arratia.
“No están en riesgo de perder” su año escolar
En este sentido, la subsecretaria dijo que entrarían a trabajar en los establecimientos “el 6 de noviembre, mientras que el retorno a clases lo deberá establecer el Colegio de Profesores“.
En el caso de que tuviesen que acudir a las clases telemáticas, Arratia no lo descartó, afirmando que los estudiantes “no están en riesgo” de perder su año escolar.
“Nosotros estamos trabajando y buscando todas las opciones posibles para poder salvar el año escolar“, manifestó.
Añadiendo que “estamos trabajando decididamente, porque la idea es tener las flexibilidades y buscar el mecanismo que permita un rápido retorno a clase”.
“Graves irregularidades”
Cabe mencionar que los resultados de la auditoría para evaluar la gestión del servicio en la región de Atacama, revelaron “graves irregularidades”, como también el mal uso de fondos públicos y acciones que bordean la ilegalidad.
“La situación del servicio local de Atacama sin duda es excepcional en términos de fragilidad. De hecho, tenemos al director ejecutivo titular que está en sumario de remoción desde marzo del 2022”, comentó la subsecretaria.
Así también indicó que “tuvimos un subrogante que estuvo desde marzo del año pasado, y ese subrogante es la persona que se le pide la renuncia ahora, a propósito de los hallazgos en el fondo de la auditoría”.
Al preguntarle sobre un posible delito de corrupción en Atacama, Arratia quiso “ser cauta y esperar que terminen los procesos de investigación, pero lo que sí te puedo dar la certeza es que nosotros vamos a perseguir hasta las últimas consecuencias, porque esto es muy delicado y grave”.
Respecto a si esto coloca en riesgo ante la opinión pública, el proceso de desmunicipalización de la educación, la subsecretaria dijo que “indudablemente esto genera un impacto negativo en cómo la ciudadanía persigue la instalación de la nueva educación pública”.
