"Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez", indica el informe de la PDI.
La diputada Catalina Pérez fue vinculada a un presunto delito de tráfico de influencias en un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, en el marco del caso de Democracia Viva.
Recordemos que la Fiscalía de Antofagasta investiga un posible caso de corrupción, luego que la Seremi de Vivienda de esa región traspasara cerca de $420 millones a la Fundación Democracia Viva.
Al momento de realizar estos convenios, el seremi era Carlos Contreras y la fundación era presidida por Daniel Andrade, en ese entonces pareja de la parlamentaria, cuando aún eran militantes de Revolución Democrática.
Según precisó el fiscal Cristian Aguilar, se indagan los posibles delitos de tráfico de influencia, malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
En esa línea, el pasado 19 de junio, la diputada Pérez había descartado algún vínculo con el controvertido caso.
“No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros”, aseguró en un punto de prensa en el Congreso.
PDI vincula a diputada Pérez a posible tráfico de influencias por Caso Democracia Viva
No obstante, un informe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI vincula a la parlamentaria oficialista en el escándalo, por un presunto tráfico de influencias.
“Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze”, señala el documento, según publica La Tercera.
Asimismo, indica que “fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios, a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios”.
También, una de las testigos claves del caso, una funcionaria de la Seremi de Vivienda, Marietta Méndez, indicó que “hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar”.
“Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría”, testificó ante la PDI.
Escándalo salpica a concejala RD por Antofagasta, Paz Fuica
En paralelo, la policía civil apuntó a la concejala de Revolución Democrática por Antofagasta, Paz Fuica, principalmente por su alto sueldo, indica La Tercera.
“La concejala de esta comuna, Paz Fuica podría estar involucrada, ya que según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio”, se indica.
“Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad”, se indica.
Defensa de Pérez: “Descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias”
Tras la publicación, el abogado de la diputada Pérez, Gonzalo Medina, salió al paso descartando alguna implicación en el polémico caso.
“Descartamos de plano cualquier acusación infundada por tráfico de influencias”; señaló en una declaración pública enviada a los medios de comunicación.
“Este nuevo antecedente se referiría a la relación sentimental que sostenía con un imputado del caso. Lo anterior es de público y sabido conocimiento, no siendo este un antecedente nuevo en la investigación”, indica.
“Tal como ella ha señalado en dos declaraciones, jamás intercedió por nadie para la consecución de convenios, contratos o trabajo”, insiste.
“El informe en comento no constituye sentencia alguna ni aporta ninguna prueba en relación a la diputada. Es un instrumento más para la investigación. La diputada Pérez no ha sido acusada en ninguna calidad en la investigación referida hasta la fecha”, concluyó.
Revisa la declaración pública a continuación:
