Todo mapa tiene impresos nombres y fronteras, pero este presenta una particular condición: está manchado con sangre. Cerca de 1.200 detenidos desaparecidos son el saldo de la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, por lo que el Plan Nacional de Búsqueda podría dibujar un plano de sus huellas. ¿El mecanismo? Levantar el secreto de 50 años del informe Valech, que reconoció a casi 40 mil víctimas de prisión política y tortura. Sin embargo, la iniciativa corre el riesgo de convertirse en un acto más bien simbólico por los pactos de silencio que conservarían exuniformados.
“Espero estar viva todavía cuando tenga 80 años y no quiero que mientras esté viva mis nietos conozcan esas atrocidades que sufrió su abuela. Treinta años son insuficientes y por eso le pido a usted extender la privacidad de mi declaración durante 50 años”.
A través de una carta enviada al diario El Siglo en 2015, Ricardo Lagos justificó la decisión de prolongar por medio siglo el secreto del denominado informe Valech.
De acuerdo al expresidente, una mujer pidió con urgencia entrevistarse con él a raíz del testimonio que había entregado a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura entre 2003 y 2004. Cuando entró a su despacho, pronunció aquella frase que marcó el destino del documento.
El tema acaba de recobrar fuerza luego de que los ministros Luis Cordero, Álvaro Elizalde y Carolina Arredondo presentaran la agenda legislativa del Gobierno de cara a los 50 años del golpe de Estado.
Uno de los cinco proyectos del Ejecutivo pretende levantar el secreto Valech. Esto se concretaría con previa autorización de las víctimas que sufrieron la represión de la dictadura o, en caso de haber fallecido, de sus familiares.
En palabras de Cordero, titular de Justicia, la medida ayudaría a “trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer” entre 1973 y 1990.
En Chile aún existen cerca de 1.200 personas catalogadas como detenidas desaparecidas, por lo que la administración de Gabriel Boric emprendió el Plan Nacional de Búsqueda para intentar dar con su paradero.
¿Tendrá frutos la iniciativa impulsada por La Moneda? Expertos consultados por BioBioChile valoran el propósito, pero advierten que la información clave sigue estando en manos de los victimarios.
Los 50 años de secreto del informe Valech
La única forma de alzar el secreto de 50 años es mediante un proyecto de ley y, hasta ahora, las huestes del oficialismo parecen alineadas en torno a su aprobación. Sin embargo, voces del Partido Republicano, Chile Vamos y hasta la Democracia Cristiana han planteado sus reparos.
“Vemos un riesgo muy latente de vulnerar la intimidad de ciertas personas”, señaló el diputado Diego Schalper (RN). Por su parte, Eric Aedo (DC) sostuvo que “no puede haber un tercero que decida a nombre de las víctimas, ni siquiera sus herederos”.
A pesar de ello, la abogada Karinna Fernández, especialista en derechos humanos y excandidata a Fiscal Nacional, afirma que “el secreto que se impuso en la Comisión Valech no fue dialogado con las víctimas originalmente, fue algo que se impuso después”.
Para explicar esto hay que ir por parte. El decreto N°1.040, que creó la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en 2003, indica que los antecedentes recibidos tendrán el carácter de “reservados” para todos los efectos legales.
La instancia, conocida como Valech I, se extendió hasta 2004 y recogió cerca de 35 mil testimonios. En total, se reconoció a 27.255 afectados por prisión política y tortura.
Posterior a aquello fue publicada la ley N°19.992, que establece los 50 años de secreto. Es decir, esta cifra no estaba en la cabeza de las personas que acudieron a relatar las macabras torturas que sufrieron por parte de agentes del Estado.
“En la segunda parte sí se sabía que este era un aspecto establecido por la ley”, remarca Fernández, refiriéndose a la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech II) de 2010, que cifró en 9.795 los casos de prisión y tortura.
Otro elemento importante que incorpora la normativa es “el derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.
En ese sentido, el ministro Cordero aseguró que “del total de víctimas, actualmente, se han requerido un poco más de 8 mil carpetas con sus testimonios y sus antecedentes”.
¿Cuáles son los propósitos del Gobierno?
En concreto, el proyecto de La Moneda tiene dos aspiraciones. En primer lugar, poder custodiar los antecedentes reunidos en las comisiones Valech I y Valech II, tal como lo hace actualmente el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por medio de la ley N°20.405.
De esta forma, el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda podría encontrar datos relevantes para identificar el paradero de algún detenido desaparecido. Si así ocurre, se le consultará a la víctima o a sus familiares si están dispuestos a hacer públicos dichos documentos.
En segundo término, se pretende que los tribunales de justicia puedan solicitar a una determinada víctima el acceso a sus carpetas, algo que ya sucede en el caso de Valech II.
Desde el Gobierno reconocen que el contenido de ambos informes es “una información más”, por lo que levantar su secreto es una nueva herramienta y no una solución definitiva al problema.
De todas formas, el abogado Cristián Cruz, querellante en causas de derechos humanos, aprecia la iniciativa. “Si levantar el secreto Valech implica que al menos se puede saber el destino de una de esas personas, es suficiente para justificarlo”, apunta.
En ese contexto, detalla que “la mayoría de los detenidos desaparecidos estuvieron en los mismos recintos que las personas víctimas de prisión política y tortura que sobrevivieron. Estos últimos podrían reconocer a uno o más agentes, además de otros prisioneros en la misma situación”.
Por otra parte, Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, no sólo pone el acento en los detenidos desaparecidos, sino también en la búsqueda de justicia.
“Hay que mirarlo en varias dimensiones y no solamente en la búsqueda de detenidos desaparecidos, porque el paso del tiempo hace que esa tarea sea cada vez más difícil. Tenemos un importante número de sobrevivientes y algunos de ellos querrán seguir adelante con sus causas”, explica.
En cuando a los afectados que ya murieron, la excandidata a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) opina que no se les puede revictimizar. “Quienes van a ser revictimizadas son sus familias, pero estas buscan colaborar en un proceso de justicia”, asevera.
La presunta protección a agentes del Estado
El general del “nunca más”, Juan Emilio Cheyre, asumió en 2004 la responsabilidad institucional del Ejército en las violaciones a los derechos humanos. Lo propio hizo el comandante en jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, durante su visita a Isla Isla Dawson en junio pasado.
A pesar de estos gestos, diversas voces concuerdan en que las Fuerzas Armadas mantienen una deuda: entregar todos los datos que permitan reconstruir el mapa de la represión.
Durante la presentación de la agenda legislativa, el ministro Cordero declaró que “las Fuerzas Armadas han entregado información específica que es requerida por los jueces, pero tenemos perfecto conocimiento que en este país hay personas que aún disponen de información”.
Estos dichos no convencieron a Karinna Fernández, quien afirma que han obtenido documentos después de largos procesos, pero que estos nunca se han entregado desagregadamente o de manera oficiosa por parte de las instituciones castrenses.
Ante ello, si bien valora que se levante el secreto Valech, pide “revelar archivos de las Fuerzas Armadas y de la diplomacia chilena, sobre todo en el contexto de la Operación Cóndor. Hay muchos archivos que podrían ser un gran impulso para conocer el paradero de detenidos desaparecidos”.
Pero la abogada va más allá, pues avala la tesis de que los 50 años de confidencialidad a los testimonios de las víctimas tuvieron la finalidad de proteger a los agentes involucrados.
“Se dieron cuenta de que se entregaron muchos nombres de responsables. Sobre todo en las comunas pequeñas, donde tenemos menos información de lo ocurrido, fue donde la gente podía decir ‘fue el carabineros tanto, el militar tanto’. Daban los nombres y apellidos”, describe la especialista.
Esta conjetura ya ha sido formulada anteriormente. De hecho, integrantes de la disuelta Convención Constitucional buscaron derogar el secreto en 2021, acusando impunidad para quienes participaron de torturas y desapariciones.
No obstante, Ricardo Lagos rechazó la iniciativa y tuvo duras críticas para quienes denunciaron un posible encubrimiento. “No sólo es una mala interpretación del documento, sino que una falacia”, manifestó por medio de una carta enviada a la exconvencional Elisa Loncón.
Los “pactos de silencio” no se levantan
Además del análisis que se puede hacer sobre el Ejército como institución, hay quienes ponen el foco en los supuestos “pactos de silencio” que existirían entre uniformados que jugaron un rol durante la dictadura.
En entrevista con Radio Cooperativa, el general (r) Ricardo Martínez descartó que existan este tipo de acuerdos a nivel central. Sin embargo, sostuvo que “otra cosa es que personas que hayan participado en alguna acción constitutiva de delito se pongan de acuerdo entre ellos”.
Para Isidro Solís, ministro de Justicia entre 2006 y 2007, es indudable que exmilitares han convenido ocultar información. “Pero asumamos la realidad, porque quienes participaron no han colaborado y no tienen la intención de hacerlo”, advierte.
Según el abogado, el Plan Nacional de Búsqueda podría convertirse en una “actividad simbólica” mientras no haya una contribución por parte de los victimarios.
En este último grupo, Lidia Casas pide “no olvidar a los civiles que sí saben dónde pueden haber estado enterrados los cuerpos de detenidos desaparecidos. Estoy pensando en todas las comunidades rurales, donde los civiles participaron directamente en algunos de esos operativos”.
Adicionalmente, la académica de la Universidad Diego Portales señala que los sobrevivientes de torturas podrían conservar información, pero que ellos tienen un legítimo derecho a guardar silencio para “no seguir con ese dolor que han llevado por décadas”.
Algo más de optimismo muestra Nelson Caucoto, quien lidera un estudio especializado en derechos humanos. “Cuando uno avanza en años se reblandecen los corazones”, comenta.
El jurista considera que “hay gente que quiere morir en paz y no quiere llevarse este secreto a la tumba, sabiendo que está causando un daño a tantos dolientes que esperan con ansias saber el paradero de sus seres queridos”.
Asimismo, destaca el plan del Gobierno, argumentando que “hay información que está diseminada en Chile y gente que no la ha entregado porque, a lo mejor, no ha tenido la compuerta o el lugar en donde la llamen a hacerlo”. Con todo, enfatiza en que ninguna autoridad ha ofrecido resultados.
“El Estado ha actuado de un modo indolente”
“Los familiares han tenido una desesperanza aprendida. El Estado ha cometido errores y, en ocasiones, ha actuado de un modo abiertamente indolente”, dijo el ministro Cordero a CNN tras la presentación del Plan Nacional de Búsqueda.
Esta opinión es compartida por abogados que han litigado en casos de derechos humanos, aunque en un tono más severo.
Nelson Caucoto cree que las familias de las víctimas miran con desconfianza este tipo de programas. “Desde el Estado nunca han logrado absolutamente nada. Siempre las acciones gubernamentales fueron a favor de cerrar los casos, de no investigar más y de hacer leyes especiales”, opina.
En la misma línea, Cristián Cruz asegura que “Pinochet se andaba paseando por Europa y, sólo porque la justicia inglesa lo detuvo, es que aquí se activaron las causas por derechos humanos. En general, ha sido el Estado el que ha ido atrás y, sin lugar a dudas, todavía están al debe”.
En 2016 se publicó en el Diario Oficial la ley 20.885, que creó la Subsecretaría de Derechos Humanos para impulsar políticas públicas en esta área. La primera autoridad en asumir el cargo fue Lorena Fries, actual diputada por Convergencia Social.
Sobre las críticas al rol de Estado, la excolaboradora de Michelle Bachelet coincide con la visión de Luis Cordero.
“Me vi enfrentada a paredes, a bloques burocráticos que impedían avanzar en materia de derechos humanos. Por lo tanto, me parece bien que hoy día haya más voluntad política para avanzar en estos temas”, reconoce.
Quien defiende a rajatabla la labor estatal es el exministro Isidro Solís, arguyendo que se ha tenido una preocupación permanente desde 1990 y que algunos presidentes tuvieron “mucho coraje dentro de las circunstancias que vivían”.
“El primer acto a nombre del Estado lo hizo el presidente Aylwin. Es él quien forma la Comisión Rettig, permite el acopio de la primera gran cantidad de información respecto a violación de derechos humanos y pide perdón a nombre del Estado de Chile a las víctimas”, recuerda.
Si bien admite que los programas de reparación y compensaciones probablemente sean insuficientes, asevera que “el planteamiento de que en Chile no se ha hecho nada es incorrecto”.
