Si bien la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado ha tenido señales de unión como el compromiso de Santiago, también ha generado división respecto a declaraciones previas que incluso han sido calificadas de "discursos de odio". En ese contexto, se abrió -nuevamente- el debate ante una eventual legislación contra el negacionismo y la posible colisión con la libertad de expresión.
“Váyanse a la mierda con su indecencia negacionista”, fue lo que se escuchó la mañana de un martes de agosto en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Lo anterior, que fue una votación para leer un proyecto de resolución –de 1973– que declaraba inconstitucional el gobierno del presidente Salvador Allende, reflejó a la perfección la controversia en el mundo político respecto a la dictadura cívico militar encabezada por Augusto Pinochet.
Algo que provocó que en los últimos dos periodos legislativos se hayan presentado un par de proyectos para tipificar y sancionar -incluso con penas de cárcel- el negacionismo. El último hace 36 días.
Aún así, a dos días de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, el debate continúa. Mientras de una vereda acusan un retroceso en los dichos, desde al frente apelan a la libertad de expresión.
Negacionismo: el origen de la legislación
La Real Academia Española (RAE) lo define como una actitud que consiste en la negación de determinadas realidades y hechos históricos o naturales relevantes.
¿El origen? En Europa. En el mundo de la política el término empezó a acuñarse en la década de 1940 durante la posguerra y, en específico, surgió como reacción ante crímenes cometidos por el régimen nazi.
En el mismo continente, son varios los países que actualmente cuentan con una legislación en la materia: Alemania, Francia, Austria, República Checa y Suiza; entre otros.
Las últimas declaraciones polémicas en Chile
Según datos de la última encuesta CERC-MORI, entre quienes participaron, un 36% indicó que las FFAA “tenían razón para dar el Golpe de Estado”.
Así, se registró un aumento 10 puntos porcentuales respecto al mismo estudio realizado en 2013, cuando un 16% justificaba la dictadura. A 3 meses y 7 días del estudio, los conflictos en ese tema siguen en la esfera política.
Entre los dichos acusados de negacionismo, está la declaración del consejero republicano Luis Silva quien, tras considerarlo “un estadista”, dijo tener admiración por el dictador Augusto Pinochet.
El 6 de julio, el diputado Jorge Alessandri (UDI) declaró justificar el Golpe de Estado. Posteriormente, el 23 de agosto, fue el turno de la diputada Gloria Naveillán.
En la instancia, la representante del Comité Social Cristiano e Independientes calificó como “una leyenda urbana” la violencia sexual ejercida durante la dictadura.
Ya en septiembre y desde Valparaíso, la seremi de Gobierno, María Fernanda Moraga sostuvo que la negativa de vecinos del sector Recreo de Viña del Mar -ante la placa conmemorativa por las víctimas de tortura- es señal de odio contra la memoria.
Y hace días, el diputado Jorge Brito (RD) acusó a su par Sergio Bobadilla (UDI) de incitar y causar “agravio” a la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto, por llevar en su solapa una piocha que celebra el Golpe de Estado.
Las voces disidentes de la derecha
Aún así, se debe precisar que también hay representantes de oposición que condenan el hecho y la justificación. El exministro vocero de Gobierno y exdiputado UDI, Jaime Bellolio, criticó a quienes reivindican el Golpe de Estado.
“Esto no es un tema de derecha o izquierda, es de sentido común. A 50 años el consenso debiera fundarse en el respeto absoluto a los DDHH; a la valoración y promoción de la democracia”, escribió.
Esto no es un tema de derecha o izquierda, es de sentido común. A 50 años el consenso debiera fundarse en el respeto absoluto a los #DDHH; a la valoración y promoción de la democracia como la manera de resolver nuestras dif políticas; al compromiso leal con la Constitución (1/2) pic.twitter.com/9iw1TdriVD
— Jaime Bellolio Avaria (@jaimebellolio) September 7, 2023
Por su parte, desde Evópoli, el economista y exministro de Hacienda, Ignacio Briones, valoró la firma del compromiso de Santiago “Por la democracia, siempre”.
Recordemos que el documento incluye la firma de los expresidentes Frei Ruiz-Tagle, Lagos, Bachelet y Piñera. Para Briones, es “un compromiso que nos concierne a todos, no solo a los Presidentes”.
Muy valioso compromiso de todos los Presidentes vivos desde el retorno a la democracia.
Cuidar y defender la democracia y sus instituciones, los DD.HH. y condenar la violencia. Siempre.
Un compromiso que nos concierne a todos, no solo a los Presidentes. https://t.co/TjS0kxpTzE
— Ignacio Briones (@ignaciobriones_) September 7, 2023
Proyecto de negacionismo: penas de cárcel y multa en UTM
“Negar evidencias históricas de crímenes contra la humanidad (…) significa posicionarse al lado de los perpetradores y provoca un daño”, dijo a BioBioChile la diputada Carmen Hertz (PC), una de las patrocinantes de la iniciativa que aún está en primer trámite constitucional.
El proyecto sanciona incluso con 61 días de cárcel y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), lo que se traduce entre 1 millón 200 mil y 2 millones 500 mil.
A eso se suma la solicitud de agravar la pena en caso que la o el infractor sea un funcionario público en ejercicio. Esto ha generado un debate en el que algunos plantean una restricción legítima a la libertad de expresión, acusando discursos de odio, y otros denuncian censura.
Golpe de Estado y violaciones de los Derechos Humanos
Argumentando que el negacionismo no es sólo una opinión a secas, desde el oficialismo aseguran que todos los países que han sufrido sistema de opresión, lo sancionan y tipifican.
Y aunque hay algunas voces de la derecha que dicen justificar el Golpe de Estado, pero condenar las violaciones de DDHH, existe un consenso mayoritario -entre la academia y la política- que sostiene que no son excluyentes.
En esa línea, la diputada e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, Ximena Ossandón (RN) aseguró que la separación no es posible.
“No conozco ningún golpe de Estado en la historia, en ningún país donde haya existido, sin violar los derechos humanos. Son cosas que van unidas”, dijo.
Tras la separación que hizo Alessandri (UDI), el Presidente Boric dijo -en conversación con Canal 13– que es “un retroceso democrático peligroso (…) la democracia no es algo que esté garantizado”.
Consultado, el abogado y rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña planteó: ¿Acaso interrumpir el compromiso democrático no es también ilícito? Ambos (suponiendo que pueda separárselos) son ilegítimos y no pueden ser justificados”.
¿Se debe legislar el negacionismo?
Desde el oficialismo, el diputado Daniel Manouchehri (PS) respondió que cuando se niegan estos crímenes, se comete un daño a la sociedad.
Algo que comparte la diputada Hertz (PC), quien agregó que “el tipificar el negacionismo con la libertad de expresión no colisiona (…) está absolutamente refrendado por el derecho internacional”.
En la derecha comparten, pero con condiciones. Desde Renovación Nacional comentan que no habría problema, en la medida que sea concreto (…) no “frente a un océano inmenso”.
Si bien, según Amnistía Internacional, el derecho internacional protege la libertad de expresión, hay casos en los que es legítimo limitarla cuando viola los derechos de otras personas, promueve el odio e incita a discriminación y violencia.
Por el contrario, desde la UDI apelan a “siempre velar y garantizar la libertad de expresión” porque, dicen, es un derecho que tiene que estar siempre asegurado y especialmente cada parlamentario en uso de sus facultades.
“Afecta la libertad de expresión porque cualquier expresión que pueda tener alguna intención distinta puede ser interpretado de una de otra manera y puede terminar una persona en los tribunales sancionado”, dijo el diputado Henry Leal.
Legislar negacionismo desde el punto de vista jurídico
En el contexto del debate por la controveria, primero se debe tener en cuenta las diferencias que hay en la materia desde un punto de vista experto en lo jurídico.
Para Carlos Peña, se debe distinguir entre discurso de odio como instar o promover la derogación de la existencia de un grupo por razones étnicas, religiosas o ideológicas, por una parte.
El negacionismo (aseverar que las violaciones a los derechos humanos no existieron o, como ocurre en algunos países, negar el holocausto, lo que se llama en la literatura el crimen de Auschwitz), por la otra.
En ese sentido, explica que el negacionismo está penalizado en países como Francia, Alemania o Bélgica (países que arrastran la culpa de los crímenes del nazismo), pero no lo está en otros países como Estados Unidos de América o Inglaterra.
Lo anterior, según indica el también asesor de Gobierno de la Reforma Procesal Penal (1994-2000), prueba que en esta materia no hay opiniones unánimes y tampoco hay tratados internacionales que obliguen a considerarlo penalmente.
“El Tratado Europeo de Derechos Humanos considera, en general, válido el castigo del negacionismo en esos países; pero tampoco considera una violación de los compromisos en Derechos Humanos considerarlo indiferente desde el punto de vista penal”, agregó.
La verdad histórica y la verdad judicial
El Doctor en Derecho, Pedro Anguita, afirma creer firmemente en el valor esencial que tiene la libertad expresión y agregó estar en contra de la tipificar el negacionismo como un delito.
“Creo que jamás una verdad histórica y una verdad judicial deberían imponerse por la vía de la fuerza coercitiva que presta el Estado”, sostiene el también académico de la Universidad de los Andes.
Sobre el último proyecto presentado, explicó que se traduciría en “institucionalizar expresamente a nivel nacional el derecho a la verdad, a la memoria histórica”.
“No hay un asunto solamente de ser de derecha ni izquierda, sino es el grado de relevancia que le otorgamos a la libertad expresión en una sociedad democrática”, comentó.
¿Existe colisión entre negacionismo y libertad de expresión?
Finalmente, respecto a la interrogante que está relacionada a este debate, expertos como Anguita aseguran no hay consenso en materias controvertidas como esta.
Respecto a la misma problemática, Peña asegura que sí existiría una colisión porque no se debe olvidar que la libertad de expresión es también un derecho humano y sufriría un desmedro.
Según argumenta es la razón de que, en la misma práctica europea, cuando el tribunal europeo ha examinado algunos casos, sugiere proteger al mismo tiempo la libre expresión y el derecho a la libre investigación histórica.
Por lo que, en suma, “no está bien castigar penalmente el negacionismo porque al hacerlo se lesiona la libertad de expresión, se impide el debate que reverdece las convicciones en materia de derechos humanos”.
“Se lesiona la libre investigación histórica que es el esfuerzo infinito de la cultura humana por comprenderse a sí misma”, concluyó el experto.
