El ministro de Justicia se refirió a la devolución de dinero de la fundación Democracia Viva y recalcó que "si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras".
El ministro de Justicia, Luis Cordero, fue consultado este lunes sobre si se cumplió con la devolución de dinero de Democracia Viva, fundación que contrajo convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
“El plazo, recuerden que se contabiliza desde el momento de la notificación. Hay dos aspectos que son relevantes. El 14 de julio, el día siguiente que se dicta la resolución, la Seremía de Vivienda requirió al Consejo de Defensa del Estado, en una gestión reservada, la solicitud de una medida prejudicial precautoria, con el propósito de que los fondos que estaban en las cuentas corrientes de Democracia Viva quedaran, tuvieran prohibición de celebrar actos de contrato, en consecuencia también fueran reintegrados”, precisó el secretario de Estado.
Así también explicó que “esa resolución fue favorable al Fisco, representado por el Consejo, esa medida se decretó y los fondos han sido depositados en la cuenta corriente del tribunal. Anticipando que esto podía suceder, se requirió esa medida, el Consejo de Defensa del Estado en los próximos días interpondrá la acción civil respectiva”.
“Si Democracia Viva no quiere reintegrar los fondos faltantes, que son los que ellos están objetando, las acciones civiles y penales del Ejecutivo serán muy claras, así que en eso, el resguardo, como ha dicho el ministro Montes, del último peso transferido será, si no lo hacen convenientemente, bueno con las acciones civiles y penales que correspondan”, detalló Cordero.
Caso Convenios
Respecto a la confirmación que hizo el fiscal Eugenio Campos, director de Anticorrupción de Fiscalía, sobre que hay 47 fundaciones que presentan patrones comunes, el ministro dijo que esto “forma parte de la de la estrategia de investigación que desde el principio señalizó el fiscal nacional, Ángel Valencia, tratar de encontrar patrones comunes y esos patrones son los que está arrojando la investigación que se está desarrollando en distintas regiones del país, que tiene que ver con la fecha de Constitución, con las características de ese tipo de fundaciones, con el tipo de fondos de los cuales postulaban”.
“Todos los antecedentes lo hemos ido entregando al Ministerio Público, a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado y hacer efectiva la responsabilidad de quien corresponda”, indicó Cordero.
En esta línea, el secretario de Estado explicó que “hay dos cosas que nosotros hemos querido transmitir. Lo primero tiene que ver con que acá se han detectado irregularidades por parte de un grupo de personas que se han aprovechado de cierto marco de vulnerabilidad normativa que tenía nuestro sistema institucional”.
“Pero la gran mayoría de las fundaciones que reciben fondos públicos cumplen los objetivos para los cuales esa transferencia está realizada”, recalcó el ministro de Justicia.
Gobiernos regionales
En cuanto al caso de los gobiernos regionales, Cordero cree “que también es otro aspecto que es relevante, aunque no tiene que ver con gobierno central, donde hoy día tenemos focalizada la investigación en algunos gobiernos regionales, producto de esas transferencias”.
“Creo que tampoco hay que olvidar que existe una gran cantidad de gobiernos regionales que no tiene problema y que ha hecho un uso responsable de las transferencias y las fundaciones a las cuales han sido esos recursos destinados. No se han prestado para ningún tipo de irregularidad. Mirar el vaso medio lleno también es relevante en un contexto donde pareciera que exclusivamente nos focalizamos en los aspectos negativos“, manifestó el ministro.
Al preguntarle por las declaraciones del contralor Bermúdez, quien dijo que había autorizado los gobernadores regionales asignar fondos por tratos directos inferiores a 7000 UTM, sin aprobación del Consejo Regional, Cordero indicó que “es una nota de prensa que aparece un dictamen de Contraloría. Les quiero recordar que de conformidad a la ley bajo 7000 UTM, es posible que el gobernador pueda adoptar esas decisiones”.
“Algunos gobiernos regionales, como el Gobierno de los Ríos, lo que hace es que cualquiera sea la transferencia, igualmente requiere el acuerdo del Consejo. Y eso se refiere a un dictamen de la Contraloría sobre bajo ese monto. Además, permitir la asignación directa cuando el Gobierno en esto tiene una opinión sobre el rol autónomo que tiene la Contraloría y la Contraloría, entre otras cosas, ha estado haciendo recomendaciones sobre los mecanismos de transferencia”, añadió el secretario de Estado.
Cordero dijo que “el contralor ha hecho un sinnúmero de recomendaciones. El Gobierno el viernes anunció su agenda de probidad y modernización del Estado, donde varias de las recomendaciones del contralor han sido incorporadas”.
