Este lunes la Comisión de Minería y Energía del Senado hizo un balance de los cortes y la reposición del servicio eléctrico a raíz de los recientes temporales en nuestro país, así como también las medidas adoptadas para la compensación de los clientes afectados.
La presidenta de la instancia legislativa, la senadora de la DC Yasna Provoste, partió reconociendo que las empresas eléctricas han respondido con mayor celeridad que, por ejemplo, las empresas de agua potable ante la emergencia.
La ministra de la cartera Ximena Rincón, aseguró que los eventos del mes de julio comparados con los de agosto de 2024, significaron un 47% menos de clientes afectados en el peak de la contingencia.
De hecho, en esta oportunidad el máximo de días que algunas familias vieron interrumpido el suministro eléctrico fue de 8 días, versus hasta 20 días en el año 2024 en algunas regiones del país.
Por su parte, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, destacó la conformación de un Comité Estratégico de Crisis y también señaló que, aprendiendo de las experiencias del pasado, las empresas respondieron mucho mejor que en años anteriores.
Asimismo detalló los cargos que están levantando a propósito de su labor fiscalizadora.
“Hemos formulado cargos por exceder tiempos de reposición, particularmente y por incumpliento en mantenimiento. En Valparaíso, la empresa Chilquinta, en Ñuble a Frontel y CGE y en La Araucanía a Frontel y Codiner. Estamos esperando los descargos, dentro del plazo que la ley señala”, señaló Cabeza.
En la sesión la autoridad también recalcó las compensaciones que anunciaron compañías como CGE y Chilquinta para sus clientes que hayan sufrido pérdida de alimentos por la interrupción del suministro.
En ambos casos se trata de una compensación económica inicial de $40.000 para la cual no será necesario que los clientes presenten boletas o comprobantes de compra. No obstante, las empresas coincidieron en que quienes hayan sufrido daños avaluados en montos superiores a la compensación, podrán presentar antecedentes para evaluar su caso.
En tanto, el representante de las empresas eléctricas, Juan Meriches, expuso ante la comisión que es necesario abordar también los temas de infraestructura, considerando que la principal causa de interrupción fue la caída de árboles.
“Casi 10 mil árboles y ramas cayeron a las redes de suministro electrico, 45 mil empalmes dañados y un costo que, al menos en una estimación preliminar, alcanza casi los US$40 millones”, aseveró.
En la instancia también se plantearon temas como la necesidad de una reforma al sistema eléctrico con foco en el segmento de distribución. Una idea que se viene discutiendo desde el Gobierno anterior.
El diagnóstico previo evidencia que el diseño regulatorio vigente de la distribución, construido a partir de una empresa modelo eficiente, requiere ajustes para impulsar la incorporación de nuevas tecnologías y permitir mayor adaptabilidad del sistema frente a cambios en los patrones de consumo y generación, y ante riesgos de desastres naturales.
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