"Se está legalizando el enfrentamiento entre civiles", aseguró el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sobre la legítima defensa privilegiada que se incorporó a la Ley de Usurpaciones. Desde el Gobierno valoraron el aumento de penas y del período de flagrancia para desalojar un terreno, pero no apoyarán la iniciativa hasta que se modifique el punto conflictivo.
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó por qué el Gobierno se opone a una de las indicaciones de la Ley de Usurpaciones.
Cabe recordar que este proyecto regula la ocupación ilegal de inmuebles, fija nuevas penas y establece mecanismos para su restitución.
Si bien fue aprobado en general este miércoles en la Cámara de Diputados, se evidenció una nueva diferencia al interior del oficialismo, ya que los parlamentarios de Apruebo Dignidad rechazaron en bloque.
En conversación con Radio ADN, Monsalve detalló que la iniciativa tiene dos componentes que valoran: el aumento de penas y del período de flagrancia para desalojar a quienes usurpan un terreno.
“En el Congreso se incorporó una indicación, la legítima defensa privilegiada. Cuando se produce una usurpación, los dueños se ese terreno o inmueble podrían directamente ir a desalojar a las personas que lo ocuparon”, señaló.
En ese sentido, el subsecretario aseguró que “se está legalizando el enfrentamiento entre civiles”.
“Esa indicación de parlamentarios de derecha le dice a los chilenos ‘mire, cuando usted sea víctima de una usurpación, vaya con palos y con armas a desalojar su terreno’. Eso el Gobierno no lo va a permitir”, sostuvo.
Finalmente, la autoridad no descartó utilizar ninguna herramienta, como un posible veto presidencial, si es que no se llega a un acuerdo en el Congreso sobre este punto.
