El exteniente Barrientos ingresó en julio de 1990 a Estados Unidos, y se naturalizó norteamericano asegurando que no había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
El exmilitar chileno, teniente Pedro Pablo Barrientos Núñez, uno de los sindicados como asesinos de Víctor Jara -junto al exteniente de Ejército, Hugo Sánchez Marmonti- perdió su nacionalidad estadounidense, por su implicancia en la muerte del reconocido cantautor chileno, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La sanción fue impuesta por el juez Roy Dalton, del Distrito Central de Florida, luego de que en 2016 Barrientos fuera hallado “responsable” en una corte de Florida de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del compositor de recordadas obras musicales, como “Te recuerdo Amanda”, “Luchín” y “Manifiesto”.
“Se revoca la naturalización del demandado Pedro Pablo Barrientos y se cancela el Certificado de Naturalización (…) emitido al demandado, con vigencia a partir de la fecha original de su naturalización, 17 de diciembre de 2010”, escribió en el fallo, el juez Roy Dalton.
Nacionalidad estadounidense que Barrientos había adquirió de forma ilegal, ya que al haber cometido actos ilegales, prestado falso testimonio y participado en ejecuciones extrajudiciales, estaba invalidado para hacerlo, según consta en el expediente judicial.
En 2016, un jurado de un tribunal federal en Orlando responsabilizó al exmilitar de la muerte de Víctor Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda. Hechos que sucedieron en el Estadio Chile, convertido en un centro de detención y tortura al comienzo de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Según los documentos judiciales, el exmilitar ingresó a Estados Unidos en julio de 1990 con una visa de visitante y siete años después se casó con una ciudadana estadounidense. Barrientos contestó en los trámites migratorias, entre ellos los de residencia permanente y ciudadanía, que no había estado vinculado a ninguna organización política ni servicio militar.
Igualmente negó que había participado en algún genocidio o el asesinato de cualquier persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opinión política.
La demanda civil fue presentada en 2013 por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), con sede en San Francisco (EEUU), bajo la ley de protección de víctimas de tortura de 1991.
Desde entonces, la familia ha presionado también para que Barrientos sea extraditado a Chile.
