El ex director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo, acusó en la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que una licitación por $3.500 millones solo entregó 30 colaciones. El oficialismo cuestiona que estos antecedentes no están contenidos en el libelo acusatorio y recuerda que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ya aclaró que no existen imputaciones, ni en Contraloría, ni en la Justicia, sobre los contratos.
Este jueves sesionó la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, donde se reveló una grave acusación en contra de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), por el pago de colaciones.
Recordemos que en uno de los capítulos del libelo acusatorio se apunta que los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia” han funcionado mediante contratos directos no justificados, presuntamente vulnerando la ley.
De acuerdo a los antecedentes, entre marzo y diciembre del año pasado, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), “ha desembolsado $41.000.000.000, aproximadamente por raciones servidas en establecimientos no licitados, sin mediar contrato alguno, ya sea por licitación pública o trato directo”.
Asimismo, en el mismo periodo, el organismo pagó cerca de $71 mil millones por servicios licitados, pero no prestados.
Por todo lo anterior, se acusa que Ávila “ha incumplido el deber de supervigilar el actuar de Junaeb”, por el desembolso de los $110 mil millones.
En todo caso, esto es parte de un capítulo de la acusación. No obstante, los impulsores de este punto, no han presentado ningún antecedente o documento que dé cuenta de que esto sea efectivo más allá de que está refrendado en el texto de la acusación constitucional.
Sin embargo, durante esta jornada apareció otro antecedente que eventualmente podría ser incluido dentro de los 71.000 millones de pesos de la acusación.
Esto, luego que el ex director nacional de Junaeb, Cristóbal Acevedo, quien estuvo en el cargo durante el segundo gobierno de Michel Bachelet, entre los años 2015 y 2017, entregara nuevos antecedentes a la comisión revisora.
Se trata de un contrato con la empresa Soser por 3.500 millones de pesos, de los cuales eventualmente solo se habrían entregado 30 colaciones, según aseguró Acevedo.
Asimismo, dentro de los antecedentes que entregó el exdirector nacional de Junaeb, no solo estuvo el tema de los recursos, sino que también un cambio de criterio realizado en noviembre del año pasado, para aumentar el porcentaje de dinero fijo que se le entregaba a una empresa licitada a un 60%.
Al respecto, el diputado oficialista de Acción Humanista, Tomás Hirsch, quien integra la comisión revisora, apuntó que este antecedente que entregó el exdirector nacional de Junaeb no está contenido en la Acusación Constitucional.
De todas maneras, también hay un debate jurídico, ya que según el diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, asevera que los datos están contenidos en la AC contra Ávila porque se entiende que el Capítulo 6 ya trata sobre servicios licitados no prestados.
Cabe precisar que aún resta determinar con toda certeza que estos 3.500 millones, que no se habrían utilizado realmente para la entrega de colaciones a niños y niñas, efectivamente están contenidos dentro del total que aparece en la acusación constitucional.
Junaeb pidió pronunciamiento a la Contraloría
Por lo pronto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas solicitó a la Contraloría General de la República que se pronuncie específicamente por la ejecución de los recursos de los programas de alimentación escolar parvularia y escolar primaria.
Según ha trascendido, en el oficialismo está la sospecha que las denuncias no provienen precisamente de funcionarios de Junaeb o del Mineduc, si no más bien vienen de empresas de alimentación que están interesadas en los contratos celebrados.
La relevancia es que este es quizás el único capítulo, que de tener comprobado sus antecedentes, podría revestir carácter de delito.
Así, podría ser una causal de vulneración a la Constitución y las leyes y finalmente dar piso político y jurídico a la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
Pero, desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo reconoció que aún no cuentan con la información.
“Se está obviamente recabando toda la información necesaria y prontamente podríamos dar una comunicación más oficial y más rigurosa sobre este caso”, señaló.
Aunque, reiteró los cuestionamientos apuntando a una “falta de argumentos”, insistiendo en que es una “discriminación homofóbica” hacia el ministro Ávila.
“Como le digo, la información se ha estado recabando y, por lo tanto, cuando tengamos la posibilidad de una comunicación más oficial y más responsables sobre eso, lo vamos a hacer”, señaló.
“Nos hemos pronunciado respecto a la falta de argumentos y fundamentos de la acusación constitucional, cuya principal inspiración tiene que ver con una intención de discriminación homofóbica hacia un ministro de Estado, del cual se le responsabilizó durante bastante tiempo por actos que no correspondían incluso a su cartera, sino que en muchos casos a otras autoridades, incluso a un alcalde de otro color político”, fustigó.
