Este martes se despacharon dos proyectos a ley que tienen relación con la crisis migratoria que vive el país. La primera iniciativa entrega mayores facultades a las policías en el control fronterizo; mientras que la otra aumenta tiempos en el proceso de expulsión, de 48 horas a cinco días.
Por 86 votos a favor, 44 en contra y 5 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en tercer y último trámite, el proyecto que amplía las facultades del control policial para medidas de migración y extranjería.
La norma modifica la Ley 20.931, que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación. Además, mejora la persecución penal en dichos delitos.
Las modificaciones aprobadas por la Sala apuntan básicamente a tres aspectos. El primero de ellos suprime el tiempo acotado de una hora, para que el funcionario policial ponga a disposición de la PDI a la persona que no pueda acreditar su situación migratoria regular.
El segundo suprime la frase que prohibía el control policial de identidad fundado en motivos contra la discriminación.
En tanto que, el tercero dice relación con las atribuciones sobre control de identidad y registro en las áreas de las zonas fronterizas; otorgadas a las Fuerzas Armadas de forma transitoria, mientras se encuentre vigente el decreto que las faculta para ello.
Control policial
La propuesta regula la forma en que procederá el control de una persona que no puede acreditar el encontrarse en situación migratoria regular. El objetivo es corroborar su situación migratoria e iniciar los procedimientos que correspondan de conformidad a la ley.
El texto legal amplía el control preventivo e identidad. Asimismo, dota a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones (PDI) de nuevas herramientas. La idea es ayudar en la identificación de personas migrantes en calidad de irregular.
Al mismo tiempo, incluye a extranjeros con permisos de residencia vencidos. El objetivo es mejorar el cumplimiento de los procesos de regularización y expulsión, contemplados en la Ley de Migraciones y Extranjería.
Crisis migratoria
En términos generales se valoraron los cambios a la normativa, dado el aporte que significa el control policial efectivo, a la hora de hacer frente a la crisis migratoria.
Sin embargo, algunos parlamentarios llamaron a rechazar las modificaciones y derivar el texto a comisión mixta, dado que dejar sin plazo una retención en la frontera podría prestarse para situaciones de abuso.
En ese plano, la ministra del Interior, Carolina Tohá, destacó que la norma busca resolver un vacío en nuestra legislación. Lo anterior porque actualmente sólo la PDI puede actuar como policía contralora frente a alguna situación irregular, pues Carabineros no tiene atribuciones para ello.
No obstante, la secretaria de Estado advirtió que los cambios hechos en el Senado complican la iniciativa o le hacen cambios que no aportan. Precisó, por ejemplo, que “dejar un plazo indefinido puede generar complicaciones, porque no es posible dejar retenida a una persona por un tiempo indeterminado”.
A ello se suma que si se descubre a un chileno en la frontera una situación inadecuada no se le puede hacer un registro, “pero acá al ciudadano extranjero si se le haría, lo que genera complicaciones… estos puntos son complejos y pueden significar que este proyecto, que es positivo en su objetivo, pueda ser objetado y llevado al Tribunal Constitucional”.
Regulación Migratoria
En tanto, la Cámara de Diputados y Diputadas también despachó a ley el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta Fundamental en materia de regulación migratoria.
Esta iniciativa, que aumenta los tiempos en proceso de expulsión de 48 horas a cinco días, obtuvo 120 votos a favor, tres en contra y 13 abstenciones.
Se plantea que el lapso de 48 horas establecido al momento de detener una persona, antes de que pase al control de un juez competente que señala la Constitución, no se considerará para efectos de materialización de expulsiones administrativas. En este caso, corresponderá a la ley fijar el plazo máximo, el que no podrá, en todo caso, exceder de cinco días corridos.
La modificación, debatida en segundo trámite, se introduce en el artículo 19 de la Constitución, en lo referente a la libertad personal y a la seguridad individual.
En concreto, la norma amplía el plazo de detención de 48 horas a cinco días para realizar la expulsión del país de un ciudadano extranjero que esté de manera irregular.
Respecto a ambos proyectos aprobados, la ministra Tohá dijo que “uno de ellos es una discusión inmediata que el Ejecutivo puso a una reforma constitucional que va a habilitar para que posteriormente cambiemos la ley y cuando se hacen procesos de expulsión haya más tiempo para hacer efectivo este trámite. Hoy solo son 48 horas y ese plazo es muy breve”.
“El segundo proyecto le va otorgar a Carabineros la posibilidad de colaborar en las labores de control de migraciones. En la actualidad no puede hacerlo y cuando detecta situaciones irregulares no tiene atribuciones para traspasarle el caso a la Policía de Investigaciones”, comentó la secretaria de Estado.
