"Esto tiene que ver con responsabilidades en términos políticos, no se puede interpretar de otra manera el hecho de que 89 cajas estén desde 2019, sin que se informe a los posibles familiares que están esos restos ahí. Es inconcebible", señaló uno de los representantes de familiares de los detenidos Desaparecidos.

Familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura exigieron este martes un “cambio radical” en el Servicio Médico Legal (SML) después de que se conociese que guardó en condiciones deplorables 89 cajas con huesos humanos sin identificar, que pertenecerían a víctimas del régimen de Augusto Pinochet.

Una demanda a la que se sumaron funcionarios del SLM y del Ministerio de Justicia que en declaraciones a EFE admitieron que las carencias y la politización del mismo suponen un obstáculo.

Según el medio de investigación Ciper Chile, las cajas estuvieron en posesión de la Universidad de Chile desde 2001 en un sótano que sufrió una inundación en 2014 y que contaminó los restos con hongos y humedad.

Las cajas pasaron cinco años después al poder del SML, que no mejoró las condiciones ni emprendió desde entonces el proceso y la tarea de identificación de los mismos, según se denunció.

“No nos explicamos qué pasó. Tenemos impotencia. Son 22 años que no nos avisaron nada, aparecieron las cajas en el 2019 y nos vienen a decir ahora. Como familiares teníamos el derecho a saber”, dijo a EFE la presidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos de Calama e histórica defensora de los derechos humanos en Chile, Violeta Berríos, de 85 años.

Recordemos que por esta ciudad pasó el escuadrón asesino conocido como “la Caravana de la Muerte”, escasos días después del Golpe de Estado en medio de una ola represiva.

De hecho, es una de las más sacudidas por la noticia, ya que en algunas de las cajas está escrito el nombre de poblaciones vecinas donde han sido hallados restos de víctimas.

Familiares de Detenidos Desaparecidos piden “reestructuración urgente” del SML

Para las agrupaciones no basta con esclarecer la situación de las cajas a nivel administrativo, sino apuntar a un cambio más profundo que incluya la depuración de responsabilidades políticas.

“Somos conscientes que allí hay personas que tienen un compromiso y son buenos profesionales, pero la institucionalidad falla. Esto tiene que ver con responsabilidades en términos políticos, no se puede interpretar de otra manera el hecho de que 89 cajas estén desde 2019, sin que se informe a los posibles familiares que están esos restos ahí. Es inconcebible”, dijo a EFE el presidente de la agrupación de familiares de Copiapó, Rodolfo Villarroel.

“De la forma en que funciona hoy, no da garantías en absoluto de tener con prontitud resultados de peritajes de identificación y búsquedas de detenidos desaparecidos en Chile. De ahí planteamos la necesidad urgente de su reestructuración, creemos que dentro de su funcionamiento, la cantidad de personas que existen en el SML no es la suficiente para desarrollar un trabajo objetivo, veraz y que tenga buenos resultados”, enfatizó.

No descartan llevar a Chile a juicio por escándalo en el SML

Algunas agrupaciones incluso evalúan la posibilidad de llevar al Estado chileno a juicio, por lo que describen como un actuar “negligente”, en tanto las autoridades reconocen que el servicio forense del país necesita “una cirugía mayor”.

Para la presidente de la agrupación de Antofagasta, Mónica Díaz, la noticia generó un “estado de shock” entre los familiares de víctimas a nivel nacional.

“Hemos quedado impactadas. Nunca pensamos que se nos iba a dar esa información. Ni siquiera sabemos el tamaño de las cajas. Se juega mucho con las emociones de personas que son muy adultas. Creo de alguna forma en la buena voluntad de este plan de búsqueda, pero cuando pasan estas cosas es difícil creer”, afirmó la dirigente a EFE.

“Es vergonzoso por todos lados. Si no hay una reestructuración completa del SML podemos esperar este tipo de errores, y para las compañeras de Calama no es la primera vez. Lamentablemente, el Estado de Chile ha tenido una capacidad de revictimizarnos nuevamente muy grave. Jamás se nos pasó por la mente que sería una noticia de esa envergadura. Se trata de un daño brutal”, agregó.

Responsables del SML y del Ministerio de Justicia, que hablaron con EFE a condición de que se protegiera su anonimato, reconocen que la situación es crítica.

En el seno del SML, estos funcionarios acusan no solo falta de recursos y personal, sino que un déficit en especialización y un sometimiento del ritmo de trabajo a la voluntad de los gobiernos de turno.

En ese sentido, apuntan a la necesidad de desligarse de los vaivenes gubernamentales y transformarse en un “servicio autónomo”, con mayores recursos humanos y económicos y un diseño que permita garantizar “prontitud, minuciosidad y competencia” en las tareas que descansan sobre este organismo.