El Colegio Médico y parlamentarios criticaron la idea propuesta por la Superintendencia de Seguridad Social de limitar el máximo de emisión de licencias por médico. Si bien reconocen que existen irregularidades, aseguran que limitar el ejercicio de los profesionales no es la respuesta.

Una serie de críticas generaron los dichos de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, quien propuso que, como medida para frenar la emisión de licencias médicas fraudulentas, se limite la cantidad de licencias que puedan emitir los médicos al día.

En entrevista con El Mercurio, la autoridad aclaró que esta idea podría ser incluida como indicación en el proyecto de ley que busca aumentar sanciones y multas a quienes emitan licencias sin justificación.

No obstante, la propuesta fue rechazada tajantemente por diferentes actores.

En el Colegio Médico, si bien están al tanto que la emisión de licencias aumentó considerablemente en los últimos años, esto se daría por razones multifactoriales, como el aumento de licencias por covid-19, y también por salud mental, entre otros.

Así lo señaló el secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, quien aseguró que menos del 1% de los médicos emite licencias fraudulentas, y que quienes lo hacen están identificados.

La diputada del PPD y exministra de Salud, Helia Molina, sostuvo que es absurdo limitar la emisión de licencias, aunque coincide que hay que aumentar la investigación.

Asimismo, el diputado RN y parte de la comisión de Salud de la Cámara, Andrés Celis, fustigó la propuesta.

“¿Cómo se restringe o se limita a un médico que quizás va a entregar más allá del tope, si efectivamente las personas requieren y necesitan esa licencia médica? Entonces esa vía me parece que va contra la Constitución e incluso contra los Derechos Humanos”, dijo.

“Lo que se debe realizar es una mayor, mejor y eficiente fiscalización de cada una de aquellas licencias que se otorgan. Hoy día, cuando se entrega una licencia médica falsa o fraudulenta a algún paciente que no está enfermo, eso es un delito y tiene una pena que oscila entre 61 días a 3 años de cárcel y una multa”, sentenció.

El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, integrante de la comisión de Salud, también criticó la propuesta.

El proyecto para aumentar las sanciones a los profesionales que emitan licitaciones fraudulentas comenzó su tramitación a comienzos de este mes, y parlamentarios sostuvieron que esperan que se le pueda dar urgencia a la discusión.