Una posible acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, analizarán la próxima semana los jefes de bancada de Chile Vamos, quienes cuestionan a la secretaria de Estado por no intervenir en un conflicto que terminó con el traslado desde un Centro de Detención Preventiva en Angol de tres comuneros mapuches a centros de educación.

Los jefes de bancada de Chile Vamos se reunirán la próxima semana para evaluar una acusación constitucional (AC) contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

En específico, la cuestionan por no intervenir en un conflicto que terminó con el traslado desde un Centro de Detención Preventiva en Angol de tres comuneros mapuches, que fue aceptada por el alcaide bajo amenaza de muerte.

El hecho en cuestión ocurrió durante la jornada del pasado miércoles 17 de agosto, cuando se concretó el traslado desde el Centro de Detención Preventiva de Angol a centros de educación y trabajo de dos de tres comuneros que estaba en huelga líquida hace varios días.

A su vez, la negociación ocurrió de manera directa entre el director regional de Gendarmería, Juan José Navarrete, y el lonco Víctor Queipul, donde finalmente se trasladó a los internos Johan Milanao, Juan Calbucoy y Sergio Levinao.

Eso sí, dicha determinación se habría concretado en un contexto de denuncias respecto de que dichos comuneros habrían ejercido presiones, amenazas de muerte y hechos de violencia para llegar a un escenario de diálogo que permitió un acuerdo que generó controversia.

Acto seguido, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios solicitó a la ministra Ríos involucrarse, quien luego -durante una visita al norte del país- señaló que los beneficios intra penitenciarios los entrega Gendarmería, esto a través de un consejo técnico que es de carácter autónomo.

Esto último, significaría que la dirección regional de Gendarmería en La Araucanía habría pasado a llevar la autonomía del consejo técnico, tomando la decisión del traslado de estos internos sin su venia, aprobación y unanimidad.

De esta manera, las jefaturas de bancada de Chile Vamos -Renovación Nacional, la UDI y Evópoli- acordaron reunirse la próxima semana para tomar una decisión respecto a la posibilidad de generar una acusación constitucional contra la ministra Marcela Ríos por lo que denominan como su inacción en toda esta controversia.

El jefe de bancada de la UDI, diputado Jorge Alessandri, apuntó que el Gobierno se desligó de lo ocurrido.

El diputado Andrés Longton, jefe de bancada de Renovación Nacional, llamó a la ministra de Justicia a hacerse cargo o enfrentar su responsabilidad política.

Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Erica Ñanco, se mostró contraria a la postura expuesta desde Chile Vamos, pidiendo que no se “farandulice” más este conflicto, apelando a un camino de diálogo.

De hecho, a su parecer, precisó que el acuerdo alcanzado entre el director en La Araucanía de Gendarmería y el lonco Víctor Queipul, correspondió a un hecho histórico.

Los parlamentarios de oposición, decidieron posponer la reunión para la próxima semana para dar margen a la secretaria de Estado de tener una comunicación con ellos, para así no llegar a un posible juicio político.