La recomendación incluye a la Iglesia Católica, alude inequívocamente al extinto Sename y acusa "abandono histórico" contra niños de pueblos indígenas.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) le urgió a Chile establecer una comisión para examinar los casos institucionales de abuso contra menores.
En concreto se trata de una comisión de verdad “independiente, imparcial y adecuadamente financiada” para estudiar abusos en contextos institucionales y eso incluye a aquellos ocurridos en la Iglesia Católica y centros residenciales.
Aunque no lo menciona explícitamente el último punto alude inequívocamente al extinto Servicio Nacional de Menores (Sename).
Así quedó plasmado en un informe de la instancia, que analizó dos reportes realizados y entregados por Chile a la organización acerca de la situación de los derechos de los niños.
Otras recomendaciones para combatir el abuso contra menores
Aunque el comité reconoció los avances para no dejar pasar sin consecuencias casos de abuso y la implementación de un nuevo sistema de cuidados residenciales, este de todas maneras dijo estar preocupado por situaciones actuales.
“El comité está preocupado por la réplica de un modelo similar en escala menor; los secuestros y reclutamiento de niñas en centros residenciales para explotación sexual por parte de bandas de crimen organizado”, dijeron.
A eso sumaron “la falta de respuesta del sistema de justicia que devuelve a niños y niñas a los mismos lugares y el aumento de casos de abuso infantil, incluyendo a menores de 14 años”.
Dentro de las sugerencias el comité pidió dar recursos suficientes, incluso a la Fiscalía, a modo de “asegurar las investigaciones rápidas, la persecusión penal de abusos infantiles y la compensación y rehabilitación de sobrevivientes”.
Tras ello apuntaron a la necesidad de fortalecer el derecho “a ser escuchado”, las medidas para tratar la violencia de grupos criminales y asegurar que los abusos sean reportados, investigados y perseguidos “incluyendo el círculo de confianza”, evitando la revictimización.
Junto a ello señalaron que Chile debería considerar como un procedimiento estándar aceptar registros audiovisuales de testimonios de menores como la evidencia principal luego de examinaciones cruzadas, sin demora, en recintos amigables con la víctima.
Niños indígenas
El informe trajo un apartado especial sobre niñez indígena, con negativas conclusiones.
“El comité está seriamente preocupado sobre el abandono histórico y la negligencia vivida por los niños de pueblos indígenas, entre los más pobres de la sociedad chilena, y la violencia institucional llevada a cabo por el Estado parte contra ellos”, escribieron.
El reporte también concluyó que el comité está preocupado por el alto número de acciones judiciales por crímenes serios contra niños mapuches y el acceso desigual a salud, educación y protección social.
Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores el comité urgió al Estado de Chile a “detener toda la violencia de fuerzas de seguridad contra niños indígenas, sus familias (donde mencionó a Bío Bío y La Araucanía) y proteger a los niños mapuches que hayan sido testigos o víctimas directas de violencia, discriminación y abuso de poder”.
Boric prometió comisión en la materia
La Red de Sobrevivientes en Entornos Institucionales celebró la resolución del comité.
Eneas Espinoza, fundador del grupo, dijo que como red “siempre hemos marcado que el abuso sexual a las infancias en entornos institucionales es un crimen de Derechos Humanos”.
“En este momento (la ONU) nos está dando la razón y le está diciendo al Estado de Chile lo que tiene que hacer”, dijo.
“Más todavía en el gobierno de Gabriel Boric, que contempla dentro de su programa la realización de esta comisión. Es un tema urgente”, enfatizó.
Dentro de sus “53 cambios concretos para un Chile nuevo”, el candidato Gabriel Boric propuso “terminar con la lógica del Sename” en su plan de Gobierno de ser electo Presidente.
Allí el frenteamplista se comprometió a derogar “la actual ley de subvenciones para pasar a un sistema de financiamiento estable de red de instituciones de calidad, reformulando la ley de adopción para fortalecer el cuidado alternativo, potenciando principalmente las familias de acogida”.
“Además conformaremos una comisión de verdad, justicia y reparación para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violaciones a los Derechos Humanos que hayan pasado por custodia del Estado”, se lee en el documento.
