La extradición de Ángela Rivas, exsecretaria de Manuel Contreras, fue aprobada el 29 y ratificada el pasado 24 de junio. Sin embargo, la acusada por la desaparición de siete personas en la década de 1970 apeló a dicha resolución.
El equipo legal de Chile defendió la solicitud hecha a Australia para extraditar a Adriana Rivas, exsecretaria de Manuel Contreras, acusada por la desaparición de siete personas en la década de 1970. Esto, durante una cita para evaluar la apelación de la mujer, que quedó vista para sentencia este jueves.
En una reunión virtual, el Tribunal Federal de Australia abordó la apelación de la defensa de Rivas a su extradición, aprobada el 29 de octubre de 2020 por un tribunal local de Sidney y ratificada el pasado 24 de junio.
El abogado que representa a las autoridades de Chile, Trent Glover, señaló que las sentencias previas ya establecieron los motivos para extraditar a la exagente de la dictadura por los presuntos delitos de “secuestro agravado” de Víctor Díaz, otrora subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, y otros seis activistas, entre ellos una mujer embarazada.
Se presume que la chilena de 68 años, quien está recluida en una prisión de Sidney desde su detención en febrero de 2019, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la DINA, policía secreta de Pinochet, donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.
Glover criticó los argumentos del abogado de Rivas, Frank Santisi, que se apoyaron en la Ley de Amnistía en Chile, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde su golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, hasta el 10 de marzo de 1978.
El jurista dijo que la interpretación de ese decreto de Pinochet no se aplica a los crímenes de lesa humanidad y, por ende, a los de secuestros agravados.
También recordó que “el secuestro agravado existía en la época de la presunta conducta criminal atribuida a Rivas” y que, bajo las leyes australianas, no tiene que existir una “correspondencia total” de la tipificación de los delitos para que proceda la extradición.
Dos de los tres magistrados fueron particularmente incisivos con los argumentos de la defensa de Rivas, por considerar que los llevaban a un “completo callejón sin salida” y que cuestionan los principios “centrales” de la ley de extradición.
“El tribunal (australiano) sólo tiene que determinar si el material presentado cumple con la ley de extradición”, dijo a Agencia EFE Adriana Navarro, abogada de los familiares de las siete víctimas atribuidas a Rivas.
Rivas todavía tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Australia, pero en esta instancia sólo puede alegar supuestos errores de procedimiento.
Si los tribunales confirman su extradición, la decisión final recaerá en la fiscal general australiana, Michaelia Cash.
Rivas viajó en 1978 con su entonces marido a Australia, donde se dedicó a labores de limpieza y cuidado de niños. Tras retornar a Chile en 2006, fue detenida por los casos vinculados a su extradición, aunque después logró escaparse y volver tres años más tarde a Sidney.
