Tras un informe de DDHH que cuestionó el rol del Ministerio Público en la investigación por crímenes de lesa humanidad tras el estallido social, el fiscal nacional, Jorge Abbott, aseguró que la tardanza en la tramitación de las causas se debe principalmente a la pandemia del coronavirus.

Luego de diversos cuestionamientos plasmados en el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021, elaborado por la Universidad Diego Portales, al rol de la Fiscalía Nacional en las causas relacionadas con el estallido social, fue el propio Jorge Abbott quien salió a responder.

El jefe del Ministerio Público sostuvo que la tardanza en la tramitación de las causas se debe principalmente a la pandemia del coronavirus. Además, el persecutor aseguró que han reforzado a los equipos con más abogados.

En su capítulo “Respuesta del sistema de persecución penal a los casos de violaciones de Derechos Humanos del estallido social”, el estudio acusa una tardía respuesta en términos de investigación.

El informe sostiene que los casos en que se imputan delitos a agentes del Estado -como apremios ilegítimos y torturas- suponen menos de 8.600 a nivel nacional.

En conversación con La Tercera, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UDP, Lidia Casas, explicó que, a la fecha, existen 3.158 causas vigentes; y sostuvo que “esto responde a una falta de liderazgo de parte del Ministerio Público, porque desde el estallido se trabajó sobre un oficio de enero de 2019 y no hubo una reacción oportuna de la Fiscalía Nacional sobre cómo llevar estos casos”.

El informe además sostiene, que “recién, a casi dos años del estallido social, se anunció una medida relevante como priorizar la investigación y radicar en un fiscal con cierta dedicación exclusiva, debido a que se mantiene con otro tipo de causas y responsabilidades”.