Al escándalo que produjo la inoculación con una tercera dosis contra el Covid, en el centro asistencial controlado por la mujer de negocios Cecilia Karlezi, se suma una acción legal interpuesta por el exjefe del Centro de Pacientes Críticos, Tomás Regueira. Este último asegura le adeudan más de $60 millones, luego que estuviera a cargo de un estudio clínico de la multinacional Glaxosmithkline en las dependencias del recinto. La acción legal también está dirigida en contra del actual gerente general, Jerónimo García Bacchiega.
El exjefe del Centro de Pacientes Críticos de la Clínica Las Condes (CLC), Tomás Regueira, interpuso una querella criminal en contra Alejandro Gil, presidente del directorio del centro asistencial privado, por el delito de apropiación indebida de $60 millones. Este último es el esposo de la controladora de esta compañía, Cecilia Karlezi.
Se trata del mismo ejecutivo que desató un escándalo sanitario, luego que se inoculara una tercera dosis contra el Covid en la misma empresa que dirige, contraviniendo todos los protocolos. La acción legal también incluye al actual gerente general, Jerónimo García Bacchiega.
Lea la querella completa:
De acuerdo a la presentación de Regueira, quien fue desvinculado a fines de 2020, relata que en agosto de ese mismo año, la CLC firmó un contrato con la farmacéutica británica Glaxosmithkline, para realizar un estudio en humanos inoculando un remedio contra el Covid.
Regueira asegura en su presentación ante el Cuarto Juzgado de Garantía, que revisó los antecedentes de la multinacional y propuso a la Clínica Las Condes como el centro donde deberían realizarse las pruebas, lo que permitía certificar que contaba con los requerimientos para desarrollar la investigación.
Una vez aprobado por la empresa de Salud, indica el libelo, Regueira fue designado como el responsable del estudio clínico, asumiendo “la responsabilidad científica, ética y metodológica de su protocolo”.
Pese a que Glaxosmithkline pagó todo el estudio a la CLC, reclama Regueira, nunca la habrían cancelado los honorarios acordados en el contrato “a pesar de haberlo requerido en varias oportunidades, tanto de manera verbal, como por escrito”. A su juicio, sufrió un desmedro económico por una suma superior a los $60 millones.
Este miércoles, tal como lo reveló este medio, la Seremi de Salud inició un sumario sanitario en la CLC, luego que se conociera que Gil se inoculó una tercera dosis contra el Covid, previa aprobación de un médico y accionista del mismo recinto.
En el informe emitido por el cardiólogo Héctor Ducci Budge sostuvo: “Con fecha 3 de julio de 2021 recomendé al Sr. Alejandro Gil González recibir la vacuna anti covid-19 Pfizer, luego de que la determinación de anticuerpos anti spike demostrara que la vacuna Synova (…) no había inducido una respuesta inmunitaria detectable”.
Ducci Budge, invocó como argumento que Gil estaba expuesto al contagio, al ser el presidente del directorio.
“Consideré de la máxima importancia proceder con la vacunación alternativa para intentar asegurarle inmunidad”, concluyó.
Esta mañana el ministro de Salud, Enrique Paris, indicó en una entrevista con Canal 13 que “para colocarse la tercera dosis o una vacuna diferente a otros, se requiere la autorización del Programa Nacional de Inmunización y esto no se hizo correctamente”.
