La Seremi de Salud Metropolitana abrió una investigación en contra de la Clínica Las Condes, por la vacunación de una tercera dosis contra la covid-19 en favor del presidente del directorio del recinto.
Según versiones entregadas a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Alejandro Gil obligó el pasado sábado a que se le inoculara con una tercera dosis de la vacuna Pfizer, saltándose todo tipo de protocolo.
Gil, quien es esposo de la controladora de la clínica Cecilia Karlezi, había completado su esquema de dos vacunas con Coronavac, del laboratorio chino Sinovac.
La situación salió a la luz luego que la vacunación fuera ingresada al sistema nacional de inoculaciones, lo que levantó la alerta en el Ministerio de Salud.
Personal de la seremi llegó hasta el vacunatorio de la clínica durante esta jornada, para trabajar en el sumario que podría llevar al cierre de dicha unidad.
La situación se da en medio de los estudios para inocular con una tercera dosis cambiada a quienes completaron su esquema de vacunación, esto para reforzar la inmunidad.
Por el momento, la administración de una tercera dosis no ha sido aprobada por las autoridades sanitarias del país.
Clínica se defiende
Mediante un comunicado citado por La Segunda, el recinto asistencial explicó que Gil fue vacunado por tercera vez luego de “realizarse un examen de Anticuerpos Spike en razón de ser una persona con alto riesgo de contagio y variadas preexistencias”, el que salió con resultados inferiores al mínimo respecto de su inmunidad.
“En razón de lo anterior, y por expresas instrucciones de su médico tratante, se procedió a vacunarlo nuevamente”, expresaron.
Finalmente, aseguraron que la clínica “cumple y ha cumplido de manera rigurosa con todos los protocolos de vacunación establecidos por la autoridad sanitaria, así como las indicaciones médicas impartidas por los médicos tratantes”.
La Clínica Las Condes ha generado polémica en los últimos meses a propósito de la crisis sanitaria por la covid-19.
En febrero, por ejemplo, anunciaron acciones legales contra el fisco por el no pago de atenciones de personas con dicha enfermedad.
En tanto, en mayo se querellaron contra un exgerente por recibir un exceso de pacientes covid derivados por la autoridad sanitaria, lo que a juicio de la clínica provocó un perjuicio de $8.500 millones al capital social de la empresa.
