La Clínica Las Condes (CLC) se querelló en contra del exgerente general, Fredy Jacial, por el delito de “administración desleal”, imputándole que en el ejercicio en su cargo, provocó un perjuicio de $8.500 millones al capital social de la empresa. Lo anterior, porque el centro asistencial recibió pacientes covid en exceso, derivados por la autoridad sanitaria durante el peak de la pandemia en 2020.
La acción legal interpuesta ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, acusa que Jacial incumplió una responsabilidad central: informar dicho aumento al directorio de esta sociedad anónima abierta y que transa en la bolsa.
Lea la querella
El libelo revela que en las sesiones de los miembros del ampliado -al menos durante cinco meses- manifestaron su preocupación, porque la derivación de infectados desde el sistema público ante la baja de camas críticas, provocaría un verdadero hoyo financiero. Básicamente, porque el arancel que Fonasa paga por atención cubría apenas el 50% de los costos. El monto aludido, según el documento, aún no es cancelado por Estado.
Los hechos descritos se originaron con la resolución dictada por la autoridad sanitaria el 1 de abril de 2020, mediante la cual se coordinó toda la red de salud nacional y se sumarían las camas para resolver la llegada de enfermos producto del virus.
Cinco días más tarde, Jacial, que por entonces ejercía como director antes de ser nombrado gerente general, firmó junto a otro ejecutivo una “declaración de aceptación” de las condiciones impuestas por el Ministerio de Salud (Minsal).
Abusivo
El 18 de mayo, a raíz del aumento de casos, el Minsal dictó una segunda resolución, que ordenaba a las clínicas privadas aumentar las camas críticas. Según la presentación, la CLC aumentó de 32 a 64 las que contaban con ventilación mecánica. Ello implicó, nuevos costos en personal e insumos.
En una de las actas, el director Carlos Gil, se manifestó por la decisión adoptada por la autoridad central al imponer un precio por la atención, calificándola como un acto “algo abusivo”. Sus dichos se basaron en que los pacientes provenientes de la atención estatal llegaron a 117.
El abogado patrocinante Marcelo Sanfeliú, pidió al Ministerio Público una serie de diligencias, entre ellas que declare el imputado, como también que sea la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, la que ejecute las pesquisas.
Más plata
La reciente querella se suma a otra presentada recientemente, pero en contra de Jaime Hagel, otro exgerente general. En octubre pasado la misma CLC también lo imputó por la afectación del patrimonio social por más de $2.800 millones, tal como lo informó este medio. Dicho de otro modo, “administración desleal”.
Se trata de un crédito de $4.000 millones entre sociedades relacionadas que fue aprobado a fines de 2019, apenas asumió la empresaria Cecilia Karlezi, quien se convirtió en la controladora de la empresa de salud, luego de una exitosa Oferta Pública de Acciones (OPA).
Al adquirir dicha deuda, habría perjudicado los intereses de la mujer de negocios. El caso lo tramita actualmente la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente. Uno de los interrogados será el expresidente del directorio Andrés Navarro y su colega en la instancia Herman Chadwick, amigo y primo del Presidente Sebastián Piñera, respectivamente.
