La Sala del Senado aprobó por unanimidad el proyecto que establece una serie de medidas para asegurar el pago de las pensiones alimenticias. Ahora, la iniciativa deberá ser discutida en particular.
En concreto, se trata de un texto ingresado por senadoras de manera transversal en abril de 2020.
El proyecto obliga a los empleadores a informar a la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) de todos los trabajadores que se acojan a la ley de protección al empleo y respecto de los cuales existan órdenes jurídicas de retención por deuda en las pensiones alimenticias.
En ese sentido, la AFC continuaría efectuando mensualmente el descuento y el pago correspondiente directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona a cuyo cuidado esté, mientras dure la suspensión del contrato, según explicó la senadora Yasna Provoste (DC), una de las firmantes.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (ex Evópoli) sostuvo que es necesario avanzar en la “persecución del deudor”.
La iniciativa contó con el apoyo de todos los sectores. Por ejemplo, la senadora Marcela Sabat (RN) afirmó pensar que se debe asegurar el pago de la continuidad de las obligaciones alimenticias.
En tanto, la senadora Loreto Carvajal (PPD) hizo una crítica respecto al rol de los padres y a la obligación del pago de las pensiones.
“No tiene mucho sentido que tengamos que abordar continuamente esta temática con esta legislación que es tardía, pero que no se condice con la situación y la protección que en general una sociedad debe dar a los menores”, comentó.
La iniciativa fue enviada nuevamente a la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y la Mesa de la Corporación fijó el 19 de marzo como la fecha límite para ingresar indicaciones.
El lunes, La Moneda presentó un proyecto propio en la materia de pensiones alimenticias, idea con la que el Gobierno busca crear un registro de deudores para retener fondos.
