Durante este martes el senador progresista, Alejandro Navarro, realizó una presentación ante la Contraloría General de la República solicitando abrir un sumario administrativo en contra del comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez, luego que la institución emitiera un comunicado durante el pasado sábado donde condenaban la quema del monumento al general Baquedano emplazado en la plaza del mismo nombre.
Según Navarro, la declaración de la institución castrense en la que se acusa a los responsables del acto vandálico de “cobardes desadaptados, antisociales, y antichilenos”, constituye un acto “abiertamente ilegal e inconstitucional”, puesto que “nuestra Constitución en su artículo 101 cuando señala que las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes, lo que no significa una mordaza para ellos, pero sí una irrestricta subordinación al poder político y marca una cancha sobre los temas en los que sí pueden opinar como institución”.
“Las Fuerzas Armadas y Carabineros tienen oportunidad de entregar visión y propuestas en asuntos que se relacionan con el quehacer de sus funciones. El Ejército está vedado de emitir opiniones que pertenecen a la esfera de lo político y es lamentable que el gobierno de Piñera no lo vea así. El Ejército tiene que respetar su propia Constitución”, aseguró.
Navarro insistió en la idea de que “las discusiones ligadas a hechos ocurridos en el marco que llamamos ‘estallido social’ son de carácter político y se canalizarán en la Convención Constitucional, aunque resulta necesario que la estatua del general Baquedano se retire de una vez de la Plaza de la Dignidad”.
De igual forma, el senador cuestionó el respaldo a la institución por parte del ministro Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quien señaló que no existía deliberación en la carta emitida por el Ejército.
“Bellolio se equivoca y el Ejército tiene a Piñera en sus manos. Los únicos habilitados constitucionalmente para garantizar el orden público y pronunciarse sobre él, son las Fuerzas de Orden y Seguridad Públicas, no las Fuerzas Armadas, cuya función constitucional es absolutamente distinta. El Gobierno le hace un profundo daño a nuestras instituciones, pues respalda una carta inconstitucional. Por eso le pedimos a Contraloría que se pronuncie”, manifestó Navarro.
