Una decena de organizaciones de migrantes, parlamentarios de oposición y abogados constitucionalistas presentaron un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por el proyecto de ley de Migración y Extranjería.
Consideran que éste contiene normas que restringen los derechos de las personas, entre ellos, niños, niñas y adolescentes.
Eduardo Cardoza, del Movimiento Acción Migrante (MAM); Catalina Bosch, de la Coordinadora Nacional de Migrantes, y Cristian Orrego, del grupo de incidencia del proyecto, leyeron una declaración en representación de organizaciones donde señalaron que “compartimos la necesidad de actualizar la normativa migratoria de Chile”.
“Nos parece que el proyecto no avanza en el sentido correcto. Muy por el contrario, algunas de las normas representan graves restricciones a los derechos fundamentales de las personas migrantes”, añadió.
En total son 13 los artículos los que se busca impugnar. Entre ellos destacan la vulneración de los derechos de menores, pues no habría “una protección a la niñez cuando esta acompaña a una persona que es retornada o es expulsada y desconoce la competencia que tienen los tribunales de familia para adoptar las medidas de protección que correspondan”.
Rechazo hacia el proyecto
Diversos parlamentarios de oposición manifestaron sus reparos, de lo que será una política migratoria -según sus palabras- que no se haría cargo del fenómeno migratorio en Chile, con un foco de Derechos Humanos.
La diputada Catalina Pérez indicó que “nos preocupa profundamente la política migratoria que ha decidido empujar este Gobierno”, comentó.
“Necesitamos que el TC se pronuncie respecto de la evidente violación de DD.HH de la aprobada legislación. Estamos frente a un Gobierno que ha utilizado la migración en términos populistas para no hacerse cargo de la crisis en el país”, aseveró la diputada.
Por su parte, el diputado Boris Barrera, afirmó que el proyecto en cuestión es un retroceso en la actual legislación, “incluso peor respecto de lo que había desde la dictadura”.
El abogado constitucionalista y patrocinante, Patricio Zapata, indicó que las diputadas y diputados que sustentan el requerimiento “no traen al TC una discusión sobre mejores políticas, sino un asunto estrictamente de Derechos Humanos”.
“Lo que están trayendo es una cuestión de principios. Todos los artículos que se objetan es porque se discrimina o porque se priva del derecho al debido proceso. Es importante que se haga el punto y se denuncie que se está tratando distinto a unos habitantes de nuestra tierra que a otros”, agregó.
El requerimiento de inconstitucionalidad fue apoyado por la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, el Movimiento Acción Migrante, cátedra de Racismo y migraciones contemporáneas de la U. de Chile, entre otras.
