Luego de varios meses de diligencias, la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente ordenó a la PDI interrogar en calidad de imputado al exgerente general de la División El Salvador de Codelco, Juan Carlos Avendaño. Esto en el marco de la investigación que sustancia por tráfico de influencias y fraude al fisco con una serie de contratos millonarios que habrían favorecido al expresidente del directorio de la estatal, Nelson Pizarro y a su hijo del mismo nombre.
La decisión del Ministerio Público consta en una orden enviada a la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la policía civil, por la perseguidora Constanza Encina, a la que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Lea la segunda orden de investigar
Se trata de la primera vez que el organismo resuelve obtener un testimonio bajo esta figura procesal para acreditar por qué -en agosto de 2015- Avendaño consintió a petición de Pizarro la contratación mediante trato directo a la empresa Indak. Esta última es propiedad de José Miguel Julián, empresario vinculado comercialmente con Pizarro hijo. De hecho, hasta el 2010 ambos fueron socios en la firma.
La sospecha que indaga la fiscalía está contenida -además- en la querella que presentó la minera en diciembre pasado y donde habrían hechos al menos coincidentes. Y es que un mes después de la mencionada contratación (septiembre de 2015) Pizarro hijo adquirió un terreno en Chicureo por poco más de 75 millones, aún cuando su valor era muy superior. La tierra era propiedad de Inmobiliaria Santa Isabel, también propiedad de Julián. En ese lugar, de acuerdo a la acción legal, Pizarro padre se construyó una casa que al mismo año superaba los $681 millones.
Lea la querella
En la orden de investigar de la fiscalía también se solicita que la PDI establezca los vínculos societarios y comerciales de “los Pizarro” con Julián, como también la dinámica de la compra del terreno en Las Brisas de Chicureo y la posterior construcción de la casa.
Los contratos
Pero no fueron las únicas diligencias que ordenó el Ministerio Público, porque un segundo documento, al que también accedió este medio- ordenó a la PDI obtener información contractual de 24 personas que habrían trabajado o estarían trabajando en Codelco. Incluso dentro de la solicitud se pide la entrega de finiquitos, contratos y si actualmente realizan asesorías externas a la cuprífera estatal.
Entre ellas destacan Álvaro Aliaga, entonces gerente de operaciones, quien también habría tenido participación en el contrato que habría terminado favoreciendo a Pizarro y su hijo.
Lea las diligencias
El organismo perseguidor también busca información respecto de un contrato -auditado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco)- celebrado por la estatal con el Consorcio Trepsa Cerro Alto, fechado el 5 de marzo de 2018. El objetivo del acto comercial era el movimiento de 104 millones de toneladas métricas de tierras.
El monto a pagar alcanzaba la suma de US$ 228 millones, pero a raíz de varias observaciones se declaró desierto en uno de sus módulos (C1), tal como informó Reportajes de El Mercurio.
El acápite se entregó nuevamente a Indak de José Miguel Julián, que originalmente no calificó al concurso licitatorio de Codelco. Al respecto, la auditoría interna de Cochilco estableció que en esta contratación hubo falta de transparencia, probidad e incumplimientos normativos graves.
Lea la declaración del fiscalizador de Cochilco
Pese a quedar fuera de la licitación, Indak continuó trabajando para Codelco, porque tenía dos vínculos contractuales anteriores con la División El Salvador. Pues bien, uno de estos últimos quedó en manos de Transportes Consorcio San Antonio (TCSA) el 1 de diciembre de 2018, ya que Indak se lo traspasó. TCSA, que a su vez tiene participación Inversiones San José, también de José Miguel Julián.
De acuerdo a lo acreditado por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Indak se relacionó -en 2018- con Artisa arrendándole equipos para traslado de material minero en la División El Salvador, pero a poco andar dejó de pagar sus servicios, porque presentaba insolvencia financiera.
Artisa reclamó por esta situación en una reunieron en las oficinas de Codelco en Santiago, donde le indicaron que para salvar la situación crearan un consorcio, el que fue constituido el 19 de octubre de 2018 y pasó a llamarse San Antonio, cuyos socios era Artisa Transportes Estero Largo con Inversiones San José Spa. El propietario de esta última también era José Miguel Julián.
Como fuera, hubo pagos como si fueran retiradas las 104 toneladas métricas, pese a que finalmente el proyecto solo lo ejecutaría con 24,6. Este mecanismo también fue objetado en el informe de auditoría de Cochilco. Por esta situación, Codelco habría desembolsado en exceso unos US$ 22 millones.
Pues bien, el Ministerio Público solicitó todos los documentos atingentes al contrato, como también se otorgaron las prebendas a las empresas y consorcios mencionados. Además, los cálculos respecto del Plan Minero 2017-2018 para acreditar si el movimiento de tierras de 104 millones de toneladas métricas, en relación a los vínculos comerciales de las firmas señaladas fueron correctos o se trató de corrupción.
Lea el informe de Cochilco
