La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados por las tierras adquiridas por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aprobó el informe final de la instancia por 7 votos contra 6.
Una de las conclusiones del documento está la de “remitir los antecedentes de la comisión al Ministerio Público, por existir hechos que pueden revestir carácter de delito”, según citó La Tercera.
En paralelo, se estableció el envío de antecedentes a la Contraloría para que investigue y se pronuncia sobre la legalidad de los actos de la autoridad respecto a alguna falta o no, de sus deberes como funcionarios, detalla el matutino.
En tanto, la comisión aprobó crear una mesa intersectorial dirigida por el Ministerio de Desarrollo Social, con el fin de coordinar el trabajo de notarios, conservadores de bienes raíces y la Conadi en el mismo tema.
“En la Comisión tuvimos dificultades con los conservadores de bienes raíces para obtener datos fidedignos sobre inscripciones de tierras y eso me parece frustrante. Se han estado perdiendo tierras indígenas y es un tema grave. No se trata de un problema individual, de una compra en particular, sino de un problema que tenemos como país”, planteó al mismo medio el integrante de la instancia, Miguel Crispi, diputado de Revolución Democrática (RD).
Desde la otra vereda, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la instancia, Miguel Mellado, apuntó a un sesgo político en el informe aprobado.
“Lamentamos que se haya perdido una oportunidad de haber podido hacer un informe en que todos estuviéramos de acuerdo. Desde el día uno ellos apuntaban a un hecho específico y, así como ayer quisieron ir contra la ministra Cubillos, hoy quieren ir contra el subsecretario Ubilla”, planteó en declaraciones recogidas por el rotativo.
En ese sentido, el legislador oficialista indicó que el responsable del desorden con las tierras indígenas es la Conadi. “No se está cuidando, no hay un catastro, tampoco la Contraloría lo tiene, tampoco los conservadores de bienes raíces”.
Paralelo a la comisión investigadora, la justicia determina si hubo irregularidad en el terreno comprado por Ubilla a una chilena casada con un miembro de una comunidad mapuche de Pucón.
Esto podría traducirse incluso en que la autoridad de Gobierno tenga que devolver las tierras a su dueña anterior.
