El Ministerio Público pagó más de $25 mil millones por gastos de juicios perdidos los últimos 4 años y medio.
En la región Metropolitana se desembolsó la mayor cantidad de dinero, superando los $19 mil millones. Le siguen Maule con $1.847 millones y Bío Bío con $1.045 millones, detalló El Mercurio.
Según explicó Cristóbal Bonacic, docente de Derecho en la Universidad Católica, “la condena de costas tiene lugar cuando la imputación pretendida por el Ministerio Público resulta infundada, de suerte que conlleva un gasto de recursos públicos innecesarios”.
“El Ministerio Público debe garantizar que hará un buen trabajo investigativo…con pruebas de calidad y velando por mantenerse objetivo en la persecución y con una acusación fundada jurídicamente. Si cualquiera de dichos parámetros no se cumple y el o los imputados son absueltos, la condena en costas es obligada. Así lo dice la ley”, profundizó el abogado penalista Miguel Chaves.
Independiente de ello, la normativa establece que el tribunal puede eximir del pago de los gastos del proceso al ente persecutor, cuando existen razones fundadas.
El medio destacó que uno de los casos emblemáticos fue el de Hijitus, en el que Fiscalía tuvo que pagar $168 millones de pesos tras la absolución del imputado por abuso sexual.
