La vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, confirmó que el Ejecutivo enviará una “ley corta” al Senado, para apurar la tramitación del proyecto que modifica la legislación Antiterrorista. Desde la oposición valoraron el anuncio, pero advirtieron que “actualmente ya existe el marco jurídico” para enfrentar la violencia política en el sur del país.
Con la intención de entregar mayores facultades a los fiscales para investigar delitos calificados como “terroristas”, el Gobierno anunció que enviará una ley corta al Senado, para acelerar la tramitación del proyecto que modifica la normativa Antiterrorista, ingresado en abril de 2018.
Desde el Ejecutivo recalcaron que esta iniciativa solo involucra mayor agilidad de las medidas investigativas, asimilándolas a la Ley de Drogas, para contar con agentes encubiertos y reveladores, además de poder autorizar la interceptación de comunicaciones.
“Se ha decidido por parte del Ministerio del Interior separar esta Ley Antiterrorista, enviando una ley corta que dice relación solamente con la agilidad de las medidas investigativas, asimilándose a la Ley de Drogas”, detalló la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.
“La Ley Antiterrorista es demasiado importante para nuestro país”, recalcó Pérez.
Desde hace semanas la UDI estaba presionando para agilizar la tramitación del proyecto de ley Antiterrorista, por lo que su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, valoró el anuncio de La Moneda.
“Esperamos que la Nueva Mayoría lo apruebe, creemos que acá se necesita entregar herramientas a los fiscales y a Carabineros para poder detener y encarcelar a quienes están usando la violencia en toda la zona de La Araucanía”, indicó.
Desde la oposición reiteraron su distancia con el proyecto de ley, actualmente en primer trámite en la comisión de Constitución del Senado.
El senador de la DC e integrante de la instancia, Francisco Huenchumilla, afirmó que ya existe el marco jurídico para enfrentar la violencia política y sostuvo que la actual administración ha fracasado en esta materia.
“Todas las medidas que ha tomado el Gobierno en materia de uso de la fuerza en el sur de Chile, ha sido un completo fracaso. Hoy día el Gobierno tiene todas las herramientas jurídicas y procesales para combatir los hechos de violencia que existen, la carencia del Gobierno es no querer entrar a un diálogo y a una negociación”, señaló.
Sin embargo, el también integrante de la comisión de Constitución del Senado, el PPD Felipe Harboe, calificó como “acertada” la decisión del Ejecutivo, de separar la tramitación de la reforma.
“Buena decisión porque es un proyecto muy largo, muy complicado, muy controvertido, y la verdad que le sugerimos nosotros al Gobierno que hiciera esa separación para incorporar las medidas que hoy día se tienen en la Ley 20.000, por ejemplo, para las conductas terroristas”, señaló.
Este nuevo proyecto no afectará la discusión de la iniciativa legal original, que entre otras cosas contiene una nueva definición del terrorismo como tipo penal, que seguirá su curso en el Senado.
CAM se atribuye ataques
Mientras el Gobierno prepara la tramitación de la reforma a la Ley Antiterrorista, continúan los ataques incendiarios en la región de La Araucanía.
La madrugada del lunes, sendos ataques en las comunas de Galvarino y Temuco dejaron pérdidas por más de 400 millones de peso.
Un galpón y dos tractores fueron incendiados en el fundo Pelahuenco de Galvarino. Mientras que en el sector Collimallin de Temuco, 3 skider, un trineumático y 2 excavadoras fueron completamente consumidas por las llamas.
La Coordinadora Arauco Malleco se habría adjudicado uno de los dos ataques incendiarios registrados la madrugada de ayer, en La Araucanía.
El gobernador de Cautín, Mauricio Ojeda, manifestó su rechazo ante estos hechos y cuestionó duramente el actuar de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se adjudicó el incendio de las 6 máquinas forestales en la capital regional.
El diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, sostuvo que solicitarán una reunión con el ministro del Interior, donde dejarán entre ver la necesidad de reinstalar el Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía.
