Finalmente la Corte Suprema dio la razón al Ministerio del Interior respecto a la expulsión de ciudadanos colombianos a lo cual se oponía el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El INDH adujo a una supuesta “infracción al debido proceso”, al impedírsele acceder a los recursos que la ley chilena les otorga.
Sin embargo, la Corte Suprema afirmó categórica que el proceso se ajustó a derecho. Incluso, dentro de la sentencia revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que instruía enviar al Ministerio Público los antecedentes por supuesto desacato de la autorizada.
La polémica en sí se generó por la expulsión que encabezó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el jueves 28 de marzo, cuando se subieron a un avión ciudadanos colombianos: varios de ellos tenían procesos legales pendientes en su país de origen y otros condenados en Chile por delitos diversos.
Lo anterior generó molestia del INDH, que optó por presentar un recurso en la corte respectiva.
El INDH de Antofagasta había asegurado que aproximadamente siete colombianos que formaban parte de un grupo de extranjeros expulsados ese día, sufrieron la vulneración del debido proceso en su procedimiento, ya que contaban con un recurso de amparo con orden de no innovar por parte de la Corte de Apelaciones local.
Ello no fue considerado y fueron subidos al avión de igual forma.
Según el encargado del INDH de Antofagasta, Paulo Palma, la denuncia la recibieron por parte de una ciudadana colombiana que estaba al interior del cuartel de la PDI en esa ciudad. Ella estaba en proceso de regularización de su visa, pero igualmente fue detenida, explicó.
El funcionario continuó señalando en esa oportunidad al canal 24Horas que “pudimos entrevistar a otros ciudadanos colombianos, y pudimos detectar que unos 12 a 15 ciudadanos colombianos en Antofagasta habían sido detenidos para este proceso de expulsión. De ellos, unas siete personas habrían sufrido la vulneración del debido proceso en su proceso de expulsión. En algunos casos, no se les notificó el decreto de expulsión. Ellos fueron llamados a la PDI para regularizar sus procesos, y ayudarlos a arreglar sus papeles. Estas personas confiadas se acercan a la oficina, y son detenidas“.
Datos que, según ellos, eran suficientes para recurrir a la Corte, pero la Suprema finalmente le dio la razón al Gobierno al sostener los ministros de la Suprema (Lamberto Cisternas, Manuel Valderrama, Arturo Prado, y las abogadas integrantes Leonor Etcheberry, y María Cristina Gajardo) que rechazaron el recurso del INDH y revocaron la resolución de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
Desde la Moneda han sostenido en reiteradas oportunidades que la decisión de expulsar a ciudadanos extranjeros con prontuario delictivo se ajusta a derecho, situación que era cuestionada por el INDH y el Servicio Jesuita a Migrantes.
Por esa razón, la sentencia categórica marca el precedente legal y reafirma la postura del presidente Sebastián Piñera.
