El Grupo de Lima pidió al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas “tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad” en Venezuela, luego de la reunión sostenida en Santiago entre representantes de los países que lo componen.
En concreto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, y la representante de Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, suscribieron a la declaración en que también pidieron a la ONU ayudar a la población y los migrantes del país petrolero.
En una declaración leída por el canciller chileno, Roberto Ampuero, la instancia calificó de “ilegítimo y dictatorial”, y como una amenaza a la paz y seguridad internacional con efectos regionales y globales a la administración de Nicolás Maduro, llamando a otros países y a las organizaciones internacionales a reconocer al líder opositor, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.
Con esto en mente, pidieron “el cese inmediato de la usurpación” de Maduro como una condición indispensable, condenando “la sistemática violación a los derechos humanos cometidos por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro y demandan la liberación inmediata de los presos políticos y el cese de las prácticas de detención arbitraria, tortura y la acción violenta de los grupos paramilitares”.
Para esto, llamaron “al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a dar atención prioritaria a la situación en Venezuela.
Asimismo, se dirigieron a la comunidad internacional, especialmente a Rusia, China, Cuba y Turquía, para que favorezcan el proceso de transición “por el impacto negativo que su apoyo al régimen ilegítimo de Maduro causa a nuestra región”. En el mismo sentido, rechazaron “cualquier amenaza o curso de acción que implique una intervención militar en Venezuela, condenan la injerencia extranjera en ese país y demandan el retiro inmediato de los servicios de inteligencia, seguridad y fuerzas militares que se han desplegado en ese país sin amparo en la Constitución venezolana”.
Finalmente, se acordó convocar una conferencia internacional en Lima para abordar la crisis en Venezuela, y se pidió a la OEA abordar de forma “integral” la problemática en la próxima asamblea “y que adopte las medidas previstas en el Sistema Interamericano”.
