Se trata de dos paños de terreno, de 5.000 metros cuadrados cada uno, que el Subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, compró el año 2009, pese a que ninguna persona no mapuche puede hacerse de ese tipo de territorios.
En su caso, realizó la adquisición a Guadalupe Moris Gajardo, quien a su vez consiguió los predios una vez que disolvió su vínculo conyugal con Jorge Painequir, el propietario mapuche original de la hectárea, que se encuentra emplazada en el sector de Quetroleufu, distante a 13 kilómetros de Pucón.
Según el subsecretario, al momento de concretarse la compra, el terreno “era de propiedad de Guadalupe Moris Gajardo, chilena que no pertenece a ningún pueblo indígena”, de modo que -de acuerdo a su versión- la adquisición se realizó respetando la Ley Indígena.
“Conforme a la Ley Nº 19.253, para que una tierra sea indígena, además de los títulos que la propia ley indica -como los títulos de merced-, es requisito que personas o comunidades indígenas sean propietarios de ella, lo que no ocurría al momento de la compraventa”, remarcó Ubilla.
La situación generó la inmediata reacción de la oposición, quienes anunciaron incluso la opción de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para analizar el caso.
Preliminarmente, en caso de establecerse una irregularidad, “es materia para citarlo a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos indígenas para que de una explicación razonable sobre el tema”, advirtió el diputado y jefe de Bancada del Partido por la Democracia (PPD), Ricardo Celis.
Pero el jefe de bancada del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, fue un paso más allá y señaló que ante dicho escenario podría conformarse una Comisión Investigadora que también abordaría la “playa privada” que tendría Sebastián Piñera en el Lago Caburgua.
“En Chile, por la Ley Indígena no se pueden comprar terrenos que son declarados como indígenas (…) acá hay una ilegalidad abierta. Yo no puedo decir hoy día si esa ilegalidad la cometió o no, el señor Ubilla. Hay que investigarlo… lo más probable es que esto amerite una Comisión Investigadora”, aseguró el parlamentario del PC.
Con todo, las críticas también llegaron de la mano del senador de La Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien cuestionó la explicación del subsecretario del Interior. En concreto, aseguró que Ubilla queda en una posición incómoda cuando en su condición de encargado de la Seguridad Pública se ve envuelto en una transacción poco clara de tierras mapuche.
“La ley es clara, las tierras indígenas no pueden venderse sino entre mapuches. A menos que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) haya autorizado una permuta, que no parece ser el caso”, acusó.
Salvavidas desde Conadi
El director subrogante de la esa entidad, Fernando Sáenz, salió a refrendar la argumentación de Rodrigo Ubilla y a aplacar las críticas de la oposición: manifestó que no hay conflicto legal en la compra, toda vez que Guadalupe Moris no es mapuche y nunca se autodefinió como tal, pese a haber estado a casada con una persona de esa etnia.
“Fue una compra legal entre particulares. De acuerdo a los antecedentes que nos llegaron, fue una subdivisión que se realizó. Se establecieron dos lotes, los que fueron debidamente inscritos en el registro público de tierras de Conadi”, sostuvo.
De paso, subrayó que el Conservador de Bienes Raíces de Pucón es quien verifica que se cumpla todo los requisitos para que la compra sea legal.
Restitución de tierras
Por su lado, el encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas Las Tierras, Aucan Huilcamán, rechazó las explicaciones de las autoridades, exigiendo al subsecretario restituir las tierras adquiridas.
“Es un acto contrario a la paz. Y representa la nueva forma de ocupación de tierra que realizan personas de mala fe en La Araucanía. Exigimos también que renuncie a su cargo de subsecretario porque está inhabilitado de llegar a La Araucanía”, aseguró.
Al mismo tiempo, Huilcamán agregó que el argumento entregado por Ubilla “es una interpretación torcida de la ley, que no se condice con el ordenamiento jurídico”.
