Nacional
Viernes 15 febrero de 2019 | Publicado a las 17:27 · Actualizado a las 21:10
De Pinochet a Martínez: 6 de 7 comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos por la justicia
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Ayer jueves, la ministra en visita Romy Rutherford orden√≥ la detenci√≥n preventiva del excomandante en jefe del Ej√©rcito, Juan Miguel Fuente-Alba (65 a√Īos), al mando de la instituci√≥n entre 2010 y 2014.

Lo anterior, a raíz de la indagatoria -denominada Caso Pasajes- que lleva adelante la persecutora contra el militar en retiro por la presunta gestión irregular de viáticos y compras de pasajes al extranjero -para uso personal- de altos oficiales del Ejército en medio de comisiones de servicio.

Dicha investigación forma parte de la arista por eventual fraude al Fisco con la Ley Reservada del Cobre.

La determinación se concretó luego que el miércoles declarara ante Rutherford por más de 10 horas, donde tuvo que explicar el aumento de su patrimonio en una cifra cercana a los 7.000 millones de pesos.

El abogado Cristi√°n Cruz, por su parte, se√Īal√≥ que era necesaria la detenci√≥n de Fuente-Alba y agreg√≥ que el pa√≠s tiene claro que ya no puede confiar en los ex altos mandos.

Y su generalización no parece ser gratuita. Desde Augusto Pinochet (1973-1998) en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta (1998-2002), todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por la justicia.

Juan Emilio Cheyre (2002-2006)

‚Äú¬ŅExcusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequ√≠voca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificaci√≥n √©tica‚ÄĚ.

Con esas palabras, en 2004, Cheyre se encumbr√≥ como el general del “nunca m√°s”, por medio de una columna en La Tercera, titulada “Ej√©rcito de Chile: el fin de una visi√≥n”.

Pero esa imagen cambi√≥ radicalmente en noviembre de 2018, cuando el ministro en visita, Mario Carroza, sentenci√≥ al ex comandante en jefe del Ej√©rcito a 3 a√Īos y 1 d√≠a de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

A ello se suma una nueva causa del ministro en visita Vicente Hormaz√°bal, que lo procesar√° -junto a otros dos generales- como presunto coautor de la ‚Äúaplicaci√≥n de tormentos‚ÄĚ a 24 presos pol√≠ticos de La Serena, tras el golpe militar de 1973.

√ďscar Izurieta (2006-2010)

En total, 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en una indagatoria que poco a poco comenzó a tomar fuerza durante 2018, denominada Caso FAM.

Aunque tuvo un inicio incipiente: las sospechas de fraude en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) comenzaron gracias a una auditor√≠a de la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica (CGR), que detect√≥ gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ej√©rcito en Coyhaique.

Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra.

Entre ellos, los antecedentes apuntan al general en retiro √ďscar Izurieta, que cuando se enter√≥ en 2006, al asumir el mando, comenz√≥ a buscar una soluci√≥n. As√≠, en 2008, seg√ļn admiti√≥ en su declaraci√≥n como testigo a Fiscal√≠a el pasado 25 de octubre, inici√≥ el desv√≠o de recursos presupuestarios -cuyo modelo se mantuvo vigente hasta 2016- y decidi√≥ devolver parte de la plata a trav√©s de vi√°ticos y trabajos que nunca se realizaron: enviando a los afectados a la Misi√≥n de Paz en Hait√≠, extendiendo el cese de sueldos tras el retiro o manteniendo a los suboficiales hasta el m√°ximo permitido, entre otros m√©todos.

‚ÄúNunca, respecto de la implementaci√≥n de estas medidas, orden√© ponerlas por escrito, ya que estaba dentro de las facultades del Comandante en Jefe del Ej√©rcito y de cada unidad‚ÄĚ, reconoci√≥ en su conversaci√≥n con el fiscal Miranda.

Humberto Oviedo (2014-2018)

A raíz del mismo Caso FAM, aunque sin que le impute cargo alguno, Oviedo fue citado a declarar como testigo por la investigación por el presunto fraude del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército.

‚ÄúEn el a√Īo 2014, cuando recibo el mando del Ej√©rcito de manos del general Fuente-Alba, no se me entreg√≥ informaci√≥n referente al FAM ni nada asociado a aquel, sin ser uno de los temas que mereciera la importancia como otros que s√≠ lo ten√≠an en aquel momento‚ÄĚ, declar√≥ el 29 de octubre pasado.

En 2017, reci√©n tom√≥ conocimiento de los pagos an√≥malos por servicios no prestados, una vez que la Contralor√≠a requiri√≥ informaci√≥n y una auditor√≠a a la Cuarta Divisi√≥n con asiento en Coyhaique. ‚ÄúTal situaci√≥n la desconoc√≠a en absoluto‚ÄĚ, indic√≥.

Por su parte, a fines de diciembre de 2018 respondió por el Caso Pasajes ante la ministra Romy Rutherford, quien lo inculpa por su presunta implicación en el uso de viáticos ilegales.

Ricardo Martínez (2018-actualidad)

En el marco de ese mismo caso, en el per√≠odo en que Mart√≠nez se desempe√Ī√≥ como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registr√≥ 30 viajes a distintas regiones del pa√≠s y al extranjero, con destino a Estados Unidos, √Āfrica, Europa y Am√©rica Central.

El costo de estos viajes fue de 120 millones de pesos, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos.

Por su parte, en noviembre pasado, se filtr√≥ el audio de una reuni√≥n privada que sostuvo con cerca de 900 oficiales, donde se√Īal√≥ que conoc√≠a informaci√≥n sobre nexos entre oficiales y el crimen organizado.

En particular, apunt√≥ a la compra legal de armas de miembros del Ej√©rcito para luego venderlas a narcotraficantes. Tras la divulgaci√≥n de sus declaraciones, fue citado por el ministro de Defensa, Alberto Espina; a las comisiones de Defensa del Congreso; y ante el fiscal Ra√ļl Guzm√°n, para detallar los presuntos antecedentes sobre venta ilegal de armas.

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