La subcontralora general de la República, Dorothy Pérez, presentó antecedentes ante el Ministerio por hechos que “podrían ser constitutivos de ilícitos penales”, los que estarían relacionados con el sumario instruido por el titular de la institución, Jorge Bermúdez.
El documento presentado por Pérez el jueves 13 de diciembre, que apunta a quienes resulten responsables, informa de tres posibles delitos, específicamente los de apertura ilegal, registro y difusión de correspondencia, prevaricación administrativa y revelación de secretos.
En específico, cuestiona la apertura de sus correos personales (y de 7 personas más) en el marco de la indagatoria interna, momento en el cual el exjefe de informática, Luis Lara, se opuso a abrir y difundir la correspondencia considerando que la acción excedía sus atribuciones.
A pesar de que Bermúdez defiende la legalidad de esta acción citando al Consejo para la Transparencia y resoluciones anteriores de la Corte Suprema, ésta es altamente cuestionada, existiendo también otros fallos del máximo tribunal del país y del Tribunal Constitucional que han declarado ilegal la vulneración de correos institucionales.
Sin embargo, habría accedido finalmente tras la insistencia de las órdenes de la institución. Un mes después, fue despedido junto con el jefe de ciberseguridad. Según indicó Bermúdez a Sábado, esto se debió a problemas detectados en los sistemas, asegurando que no tuvo nada que ver con el episodio cuestionado por Pérez.
