Detenido en un cuartel de la comuna de Ñuñoa pasó la noche el primer exgeneral director de Carabineros inculpado por violaciones a los derechos humanos.
El ministro Mario Carroza acogió en parte las peticiones del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, de la defensa de los padres de la víctima y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos para someter a proceso al exgeneral director de Carabineros, Bruno Villalobos, y al oficial retirado de esta institución, Ruperto Soto.
El juez los responsabilizó como presuntos cómplices del delito de “aplicación de tormentos con resultado de muerte calificada” del estudiante de la Universidad de Chile, Patricio Manzano González, de 21 años, que falleció el 9 de febrero de 1985.
El joven fue uno de los 174 detenidos que se encontraban realizando trabajos comunitarios de la FECh en San Felipe en esa fecha. Murió de un paro cardiorespiratorio por el mal trato que habría recibido de efectivos de las Fuerzas Especiales en su traslado a Santiago.
Villalobos, que a la fecha era un teniente de 25 años de edad, formaba parte del escuadrón policial que estuvo a cargo de los detenidos.
Soto, en tanto, estaba a cargo de la Tercera Comisaría de Los Andes, donde la víctimas habría sido torturada, lugar que ayer el ministro Carroza inspeccionó.
El abogado de los hermanos del estudiante muerto en 1985, Cristián Cruz, se manifestó satisfecho con la resolución y recordó que Villalobos siempre quiso eludir su responsabilidad. “El poder de algunos de los involucrados ha dificultado el proceso. No sabemos por qué Carabineros no los entregó en su momento si es que los tenía”, remarcó.
En tanto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, pidió respetar las resoluciones judiciales. “Las instituciones están funcionando. Las personas que han sufrido este procesamiento tendrás su legítimo derecho a defensa. Pero es un proceso que se está iniciando”, sostuvo.
Karla Toro, presidenta de la FECh, lamentó que Villalobos haya llegado a ser general director de Carabineros, estando involucrado en un caso de violaciones a los Derechos Humanos. “Los distintos gobiernos de la Concertación contribuyeron a la impunidad de uno de los altos mandos y apoyo directos de Michelle Bachelet. Ella también tiene que asumir responsabilidades”, acusó.
El diputado socialista Leonardo Soto hizo un mea culpa por el nombramiento de Villalobos. “Creo que los gobiernos democráticos de todos los lados no han dado el suficiente valor a las violaciones de DDHH. Y muchas veces los han soslayado cuando nos toca decidir ascensos de oficiales. Ha sido, sin duda, imprudente. Ha sido a veces hasta incluso desprolijo”, admitió el parlamentario.
Orden de detención
Ángel Valencia, abogado defensor de Villalobos, estuvo reunido ayer martes con el juez Carroza y salió sin hacer declaraciones.
Según Cruz, su colega entregó tres fotografías donde aparecen los detenidos en 1985 y que mantenía el general retirado.
El ministro dictó la orden de detención contra ambos procesados para que la cumpla el OS9 de Carabineros. Ambos quedaron detenidos en un recinto institucional y sus defensas pueden solicitar ya la libertad bajo fianza que deberá resolver el juez y revisada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El juez, en junio del año pasado, procesó a tres oficiales en retiro de Carabineros por este caso.
Se trata de Sergio Gálvez Alvarez, Guillermo Havliczek Parada y Pedro Moyano Acevedo, quienes enfrentan cargos como presuntos autores del delito de aplicación de tormentos con resultado de muerte calificado.
