Este 10 de marzo la PDI detuvo a la encargada de una fundación que operaba de manera irregular en la comuna de Paine, acusada de maltrato a personas que padecen discapacidad mental.
El fiscal Rubén Salas, de la Fiscalía Local de San Bernardo, detalló que a fines de 2025 recibieron una denuncia sobre la vulneración de derechos de al menos 14 personas.
“La situación toma una especial gravedad debido a que hay antecedentes que están siendo maltratados, afectando sus derechos. Tenemos antecedentes, videos, audios que dan cuenta de dicho maltrato“, aseguró el persecutor.
Tras una investigación prioritaria con la PDI, se detuvo a una mujer que pasará a control de detención en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.
“La persona que está detenida es la encargada de este lugar. Inicialmente, cuando recibía fondos del Estado, era la tesorera del lugar. Pero luego fue ella la que asumió la responsabilidad del lugar y el cuidado“, dijo el persecutor.
Salas sostuvo que la fundación “no tiene ningún tipo de permiso sanitario“. Esta inició en 2019 y hasta 2022 recibieron fondos del Estado, lo que no continuó precisamente por los hechos ligados a vulneraciones de derechos.
Luego de que ocurre lo anterior, se cambian de recinto y se trasladan a otro sitio lejano en la comuna de Paine de difícil acceso. En ese lugar, cobraban una mensualidad a los familiares de las víctimas, a quienes les cobraban entre $500 mil y $1 millón.
El persecutor agregó que había dos personas para el cuidado de 14 con “ningún tipo de estudio, preparación o capacitación” para atender a quienes eran víctimas de maltrato. Una estaba en Chile de manera irregular y la otra tenía un permiso provisorio.
Los maltratos que sufrieron las víctimas de fundación irregular en Paine
Según el fiscal Salas, había personas “que hace más de un año no estaban siendo atendidas en algún centro de salud“. Se les suministraban pastillas, pero no había ningún tipo de control de esas.
Entre las víctimas, se encontraban adultos mayores e incluso personas de solamente 18 años.
“Lo que hicimos el día de hoy, previa coordinación, fue tomar a estas personas y trasladarlas primero a algunos centros de salud para que se haga un diagnóstico para saber cómo están. Y después de eso van a ser trasladadas necesariamente a alguna residencia definitiva”, declaró el persecutor.
Investigación de la PDI que derivó en detención de encargada de hogar
El comisario Marcelo Terán, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos (Bridehu), comenzó diciendo que la investigación comenzó a inicios de febrero.
“Recepcionamos una orden prioritaria de la Fiscalía de San Bernardo, la cual solicitaba que se generara una serie de diligencias para establecer responsabilidad de participación en un delito de apremios ilegítimos y de vulneración de derechos a personas“, explicó el comisario Terán.
Adicionalmente, detalló que se trataba de la fundación Santa Gabriela.
A raíz de lo anterior, comenzaron las diligencias investigativas, como la toma de declaraciones a personas que estaban prestando funciones en la fundación y quienes informaron en primera instancia lo que ocurría, mediante el registro de videos.
Respecto a la extrabajadora aludida por el fiscal Salas, fue ella quien registró las pruebas que “permitieron ir acreditando los hechos“. La exfuncionaria dejó de prestar funciones en la fundación, aunque se desconoce si fue despedida o si renunció debido a los hechos reportados.
De todas formas, todo en el lugar es irregular, pues no hay contratos formales ni pago de cotizaciones. De hecho, el hogar solo contaba con cuatro habitaciones, donde duermen por grupo de personas, incluyendo a una que estaba postrada.
Terán agregó que se realizaron entrevistas, se analizaron videos y los antecedentes se derivaron a la Fiscalía.
Luego del proceso investigativo, se generó un informe técnico que contenía la cantidad de personas que estaban en el interior del hogar y que tenían conocimiento de los hechos. Además, se contemplaron también las derivaciones que se hicieron de la denuncia de una exfuncionaria y de la Seremi de Salud que también denunció la situación en Fiscalía.
La captura de la mujer fue en un domicilio que registra en Paine. Ella se acogió a su derecho a guardar silencio y fue trasladada a una unidad policial.