Fue una jornada tensa. A las 02:32 de la madrugada de este viernes, en las dependencias del Ministerio de Justicia, los gendarmes finalmente firmaron el protocolo de acuerdo con el Gobierno, que aborda las demandas de los gremios penitenciarios y pone fin al paro.
En principio, la firma se había pactado para las 21:45 horas del jueves. Pero todo se dilató.
De acuerdo a La Tercera, a las 22:00 horas, en lugar de ingresar al edificio a reunirse con el ministro Hernán Larraín, siguieron analizando la propuesta con el director de Gendarmería, Christian Alvear, para zanjar las discrepancias que no permitían cerrar un acuerdo total.
Dicho encuentro fue permanentemente monitoreado por el titular de la cartera y el subsecretario Juan José Ossa. Allí sí subsanaron los últimos detalles.
Recién entonces, a las 02:42 de la madrugada del viernes, los representantes del Frente de Trabajadores Penitenciarios llegaron a la sala de prensa del Ministerio de Justicia para confirmar oficialmente el fin de las negociaciones, firmar el acuerdo y deponer el paro nacional, que se extendió por cinco días e incluso en su última jornada incluyó huelga de hambre.
Los funcionarios demandaban mejoras en su carrera funcionaria, restablecer el derecho previsional y aumentar la dotación de gendarmes en el país, para así terminar con los extenuantes turnos que se ven obligados a realizar a raíz de la falta de personal.
“Hemos alcanzado un acuerdo que se hace cargo de las principales demandas históricas de Gendarmería”, remarcó Ossa tras la firma del acuerdo, que -según detalló- incluye medidas de corto y largo plazo.
Acto seguido, tomó la palabra el vocero de los gendarmes, Marcos Aburto, quien afirmó que el acuerdo les “permite avanzar bastante en relación a mejorar las condiciones laborales, principalmente apuntando a la carrera funcionaria”.
“Ha sido una negociación no exenta de algunos problemas, pero en lo concreto, nos permitió dar un paso gigante para avanzar en reconocer la dignidad del trabajo que hoy día realizan hombres y mujeres a lo largo del país”, añadió.
Finalizada la pugna, el ministro Larraín no escondió su alegría. “Para el Gobierno del presidente Piñera, este es un hecho muy significativo”, porque “Gendarmería ha sido un servicio que los gobiernos en el pasado no han priorizado debidamente. El país debe reconocer en ellos su enorme aporte en un aspecto muy crucial en la vida. Por eso, el presidente Piñera nos pidió desde el primer día que buscáramos cómo poder mejorar muchos aspectos, pero uno muy crucial, la situación de quienes trabajan en la institución”, admitió.
Ante la escalada de la movilización, el Ejecutivo le dio prioridad al tema durante la jornada del jueves. A las 14:00 el propio Presidente encabezó una reunión con su equipo para buscar una solución rápida.
Más tarde, a eso de las 19:00, se desarrolló otra reunión en la oficina de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, en la que participaron Alveal, Larraín y Ossa. Una hora más tarde cruzaron hacia la oficina del presidente Piñera, cuyo encuentro finalizó a las 21:00 horas.
Frente a frente con Carabineros
La jornada estuvo marcada por la tensión con Carabineros, que estuvieron a minutos de ingresar a la fuerza al sector de tránsito de imputados del Centro de Justicia para trasladar a 81 imputados que permanecían en los calabozos del recinto.
Dicha dinámica estuvo marcada por la orden que se le había dado a Carabineros para ejecutar el traslado de los imputados a las cárceles, situación que fue reafirmada con un numeroso contingente de uniformados, Fuerzas Especiales, el GOPE e incluso alumnos de las escuelas policiales, que prácticamente cercaron el sector.
A esa hora, el ingreso de Carabineros parecía inminente y los gendarmes estaban dispuestos a evitarlo bloqueando el acceso de la zona de tránsito con un bus y otras barricadas. El dirigente nacional, Carlos Martínez, transmitió en vivo el tenso episodio.
Afortunadamente, la acción policial fue finalmente revocada luego que al lugar llegaran las presidentas de las cortes de Apelaciones de San Miguel y Santiago, Ana Cienfuegos y Dobra Lusic, quien desestimó que los derechos de los imputados estuvieran siendo vulnerados.
