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Durante sus tres campañas presidenciales, José Antonio Kast ofreció respaldo a los uniformados. En marzo de 2025 fue explícito: “a los carabineros que hoy están siendo perseguidos o condenados por temas del estallido, yo los voy a indultar”. Esa promesa, formulada durante la campaña presidencial que lo llevó a La Moneda, generó una expectativa que sigue sin respuesta.
Este 19 de octubre se cumplen 222 días desde que asumió. Al cierre de esta columna, los indultos comprometidos siguen pendientes y el Gobierno evita fijar plazos. Si estamos ante un Gobierno de hechos y no de palabras, cada día transcurrido también constituye un hecho.
El contraste con Gabriel Boric puede molestar, pero vale la pena hacerlo. El 30 de diciembre de 2022 indultó a doce condenados por hechos del estallido y al exfrentista Jorge Mateluna. “Yo cumplo mis promesas”, afirmó. Su decisión fue cuestionada y tuvo costos políticos, pero convirtió su compromiso en un acto de gobierno.
Lo hizo a los 294 días: Kast todavía no alcanza ese plazo, pero en sus tres campañas señaló que “No tenemos temor a organismos internacionales politizados”. De esas palabras extraigo que el costo político de sus decisiones a favor del orden y de quienes lo mantienen estaba asumido desde un inicio.
Toda persona que rechace la violencia y defienda los derechos humanos estará de acuerdo en que ninguna demanda social autoriza a incendiar, saquear o impedir que otros trabajen, estudien o circulen libremente. Por ello, quienes enfrentaron a estos delincuentes merecen, a mi entender, un tratamiento especial.
Un balance publicado por el Ministerio Público en agosto identificó doce uniformados condenados a penas de cumplimiento efectivo por hechos del estallido.
Mientras la política posterga sus decisiones, los procesos avanzan. Claudio Crespo fue absuelto en enero y su absolución quedó confirmada en agosto. A Patricio Maturana se le concedió libertad condicional el 16 de octubre. Fueron decisiones judiciales, no indultos de Kast.
Para otros, la espera tiene un desenlace irreversible. Óscar Podlech, de 90 años y recluido en Colina 1, pidió un indulto el 5 de mayo y murió diez días después. Su caso obliga a mirar también a los ancianos y enfermos de Punta Peuco. La muerte extingue una pena, pero no reemplaza una respuesta oportuna del Estado.
Existen alternativas para los presos de Punta Peuco que merecen discusión y en las que los parlamentarios podrían perfectamente avanzar. Argentina permite la prisión domiciliaria para mayores de setenta años, como ilustra el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Brasil, Italia y Portugal también contemplan modalidades semejantes que vale la pena examinar. Lo que sí sabemos es que la prisión para una persona postrada o desahuciada no sirve. En esos casos, la pena se transforma claramente en venganza.
La dignidad pertenece a toda persona, incluso a quien ha cometido delitos graves. Eso exige atención, cuidados y decisiones oportunas; no convierte el indulto en un derecho automático. ¿Cuántos morirán esperando una respuesta? El Presidente debe impedir que la demora termine sustituyendo su decisión. Porque el tiempo podrá cerrar un expediente, pero no hará cumplir la palabra empeñada con la que se pidió nuestro voto.
