Estamos conmemorando un nuevo aniversario de este triste momento que marcó el comienzo de los hechos violentos cuyo objetivo era derrocar al gobierno democráticamente electo de Sebastián Piñera y comenzar la demolición de nuestras instituciones republicanas, en pos del objetivo revolucionario final de un cambio de régimen. Lo que sus planificadores tenían claro es que esto se lograba apelando a “todas las formas de lucha” y respondiendo a una alianza muy amplia en la que cada parte cumplía un papel afín a su ubicación política, pero en perfecta sintonía.

Es así como vimos la violencia más dura en las manifestaciones callejeras de Chile, a un presidente del Senado reivindicando el parlamentarismo de facto y una marcha teatralmente pacifista, apoyada de forma indirecta por altos funcionarios del gobierno en ejercicio que la alabaron y le dieron respaldo numérico a un falso millón de asistentes.

Las distancias para lograr la defenestración del gobierno fueron cortas, diez minutos para lograr llegar a La Moneda para la vanguardia de la asonada y solo seis votos en una de las acusaciones constitucionales contra el mandatario.

Pero los hechos de octubre de 2019 no tienen como únicos responsables a los políticos de izquierda; inmensas responsabilidades recaen también en los medios de comunicación que promovieron y avivaron la escalada golpista violenta. El ranking, sin lugar a dudas, lo encabezan los canales de la televisión chilena, que hasta ahora no han emitido la más mínima autocrítica por su comportamiento tendencioso.

Este fenómeno no fue un accidente: es el síntoma más evidente del daño profundo que provoca en la opinión pública chilena la captura ideológica de los medios y de dueños que no asumen ninguna responsabilidad. Los espacios informativos parecen responder a una pauta dictada por el activismo, desde donde se bajan líneas editoriales alineadas con la izquierda y la ultraizquierda nacional e internacional.

Lo vemos de forma impúdica en cómo se comunica el acontecer mundial. Estalla una crisis social o habitacional en España -como el problema de la vivienda bajo el actual gobierno de ese país, que golpea tanto a ciudadanos comunes como a la fallecida mujer de nombre Maricarmen- y la pantalla chilena opta deliberadamente por romantizar la protesta: se enfoca y destaca con devoción la acampada en la Puerta del Sol de Madrid, elevándola a una categoría épica, pero despojada de todo análisis crítico ante la degradación humana y estética que están infringiendo a tan hermosa e histórica zona de la capital española. Del gobierno de ese país y de sus escándalos, por supuesto, nada se dice.

El mismo sesgo opera cuando se cubren las movilizaciones violentas y destructivas en Francia, donde el caos callejero de los grupos radicales se maquilla como una justa rebeldía de estudiantes que reclaman por la infraestructura educacional, aun cuando incluye marchas con incendiarios que queman colegios y edificios públicos.

Según el presidente Macron, los responsables son de ultraizquierda. Sin embargo, estos constituyen una minoría en la única forma legítima de medición democrática -las elecciones-, y el hecho de que marchen 500 mil o un millón de personas no significa que puedan tumbar gobiernos mediante escaladas planificadas y ejecutadas en complicidad con delincuentes. Con vándalos que no tienen límites no se debe dialogar, señor Macron: se debe aplicar la ley y toda la fuerza del Estado.

Las democracias occidentales están obligadas a poner límites a la ultraizquierda y a la izquierda que la ampara: o se acepta la alternancia, se respeta el Estado de Derecho, se renuncia a la violencia y se garantiza el rechazo a regímenes totalitarios y grupos terroristas, o será indispensable aplicar las leyes vigentes -y legislar donde no existan- para enfrentar a quienes, escudados en la libertad de movilización y manifestación pública, destruyen y siembran el terror en la ciudadanía. Una ciudadanía mayoritaria que rechaza estos comportamientos de quienes atentan contra la democracia porque, simplemente, no creen en ella.

Hoy, a siete años de tan lamentables sucesos, los actores del octubrismo no han cambiado nada; solo han cambiado las banderas y los disfraces. La conmemoración en las calles de Santiago ha sido nuevamente con encapuchados realizando lo único que saben hacer: acciones violentas con las que alteran la vida cotidiana de la población a través de cierres de estaciones del Metro, desvíos en el sistema de buses de la capital y la paralización del comercio en la zona afectada.

La actual oposición -y oficialismo de entonces- afirma que “las demandas sociales siguen intactas”. ¿Se refieren al alza de $30 en el transporte público el año 2019? Pero si durante su propio gobierno el pasaje subió $95 en cuatro años, y ningún actor o rostro de la televisión, así como ningún político de dicho oficialismo, recordó públicamente que estuvieron cerca de derrocar a un gobierno legítimo tras la infame consigna: “No son 30 pesos, son 30 años”.