La comisión mixta que está abordando el aumento de penas a los delitos de cohecho y soborno aprobó que cuando estos actos sean cometidos por funcionarios de elección popular, desde el Presidente de la República hacia abajo, no podrán acceder a la sanción mínima de las cuatro figuras de cohecho ya sancionadas, sino que su condena partirá en el segundo grado de las contempladas en este nuevo estatuto anticorrupción.

Además de esos cargos, también se contemplan penas agravadas para funcionarios del primer nivel de la Alta Dirección Pública, fiscales del Ministerio Público y todas aquellas personas que siendo o no jueces de la República, ejerzan jurisdicción.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó la amplitud del catálogo de autoridades a las cuales se sanciona con penas más duras en el caso de delitos de cohecho y recordó que de esta manera el Ejecutivo intenta recoger el planteamiento surgido en esta comisión, respecto de considerar un número amplio de funcionarios a los cuales sancionar de manera más drástica.

“Tengo la impresión que tenemos un catalogo bastante acotado, que incorpora las distintas inquietudes que se habían planteado”, sostuvo.

Siempre en este debate, el diputado socialista Leonardo Soto reiteró la necesidad que la nueva legislación establezca como pena accesoria que una alta autoridad que cometa el delito de cohecho, debe quedar inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

Otro aspecto que también fue abordado en la comisión mixta es la creación de la figura de la cooperación eficaz. Sobre esta materia, el diputado de la DC, Gabriel Silber, criticó que la norma propuesta por el Ejecutivo tenga un estándar bajo para acogerse a este beneficio que reduce en dos grados la pena, ya que no diferencia en el rol -autor, cómplice, encubridor- de quién se acoge a esta figura.

“Aquí yo creo que va a ser la regla general la rebaja de los dos grados”, advirtió.

En el marco del debate, el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela, aprovechó de enrostrar al diputado Leonardo Soto sus declaraciones -a puertas cerradas y sin acceso a la prensa-, rechazando crear la figura del cohecho por mero cargo, cuestión que en una sesión posterior fue corregida.

El senador lamentó la actitud de Soto en esa oportunidad, ya que apuntó a que cuidaban a los corruptos.